“La ley de 2011 que fue considerada inconstitucional se aplicaba a un artículo de la ley de 1986 (de Caducidad) sobre la prescripción de los delitos, pero es la primera vez que se plantea como proyecto anularla completamente”, explicó el parlamentario autor de la propuesta.
Rubio se refiere a una ley interpretativa que el Parlamento aprobó en 2011 y que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 2013, por considerar que no podría aplicarse de forma retroactiva a los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar que rigió el país.
La ley de “Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado”, vigente desde 1986, amnistió a los responsables por las violaciones de derechos humanos cometidas hasta el 1 de marzo de 1985, año en que se restableció la democracia en el país.
En 1989, un primer intento de anularla fue llevado a cabo mediante un referendo popular que no tuvo éxito y se repitió, con el mismo resultado, 20 años más tarde.
El diputado de la UP se basa en el argumento jurídico de que el que dictó la Ley de Caducidad, el Parlamento, es el que tiene el poder de aprobar otra para sustituirla y “anularla por completo”.
“El proyecto entró en el debate parlamentario, es un proceso que no se agota en semanas, pero queremos un debate serio. Sabemos que hay sectores en contra, pero también hay mucha sensibilidad”, sostuvo Rubio, quien agregó que uno de los objetivos es mantener el tema en la agenda pública.
En los próximos días, la propuesta deberá ser encaminada a una comisión parlamentaria temática que lo discutirá y decidirá si el texto seguirá adelante en el proceso legislativo.
Pasados 30 años del fin de la dictadura cívico militar que gobernó el país entre 1973 y 1985, organizaciones en defensa de los derechos humanos estiman en más de 200 el número de uruguayos desaparecidos en ese período, además de otros centenares que fueron presos, torturados o exiliados.
En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay por uno de esos casos y estableció que la Ley de Caducidad no debería interferir en la investigación de los demás crímenes cometidos, ya que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles según las convenciones internacionales suscritas por el país.
