Horacio Cartes, a la sazón, presidente de la República, desata en estas horas uno de los juegos políticos más peligrosos de su mandato y cuyas consecuencias pueden ser nefastas para la población. El veto total –sin precedentes desde la vigencia de la Constitución en 1992– del Presupuesto General de la Nación 2017, se origina en la medición de fuerza con los bandos contrarios en el Parlamento. Tiene un trasfondo político-electoral y no las razones que formalmente esgrimiera en su nota de rechazo: salvaguardar la economía, los cumplimientos de deudas internacionales y precautelar los programa sociales.
Ya sabíamos que de estadista no tiene ni el suspiro; pero que medre con algo tan delicado como la posibilidad de provocar una disrrupción generalizada en el funcionamiento del Estado, es un acto de alta criminalidad pública.
Con su dinero, Cartes puede jugar a ser el politiquero que se le venga en ganas, pero no con la plata de la población.
El escenario entre el Palacio de Gobierno y el Legislativo –que está con Comisión Permanente por receso– está enjabonado. Cartes vetó la Ley del PGN y pidió a la Comisión su tratamiento urgente. Esta rechazó el llamado y obligó al presidente a ejecutar la convocatoria como habilita la Constitución, y de paso que se haga cargo de lo que está provocando.
¿Y ahora qué?
La puja sube de tono. Los acercamientos de emisarios del Ejecutivo al Parlamento no superan el trámite cínico de la formalidad. No existe diálogo, sobre la base del interés común, sino tapujos y arrebatos de pillaje politiquero que apuntan a buscar imponer por la fuerza, directa o indirecta, lo más ventajoso y conveniente para uno u otro sector canalla.
Cartes cree tener los votos en Diputados –Cámara de origen del PGN sancionado– y de ser así, hoy (se prevé la sesión extraordinaria) sería aceptado el veto. Con esto, ya testimonialmente pasa al Senado (que posiblemente se reúna en la tarde) y allí los votos ratificarán el PGN aprobado originalmente. Con lo que, no habiendo coincidencia entre ambas Cámaras, se extingue y queda vigente el PGN 2016.
¿Entonces? El problema es que todo aquello que provocó airadas protestas de la población este año, quedará nuevamente en ejecución. Múltiples aguinaldos en la función pública, manejo discrecional del dinero de los peligrosos bonos soberanos y un largo etcétera, contra los intereses del pueblo. De la gente. De nosotros, comunes mortales.
Y porque Cartes está en (ahora) ilegal carrera para su reelección en 2018; y el dinero; y la estructura del Estado; y la prebenda; y los punteros...
Cosa de criminales...