La agente fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Liliana Zayas, representó al Ministerio Público y sostuvo la acusación con suficientes elementos de convicción durante un juicio oral.
“Desde la Unidad de Derechos Humanos estamos realmente muy contentos y satisfechos con este fallo del Tribunal. Durante el juicio hubo mucha producción probatoria; yo había pedido cuatro años y nueve meses y el Tribunal dictó sentencia de cuatro años y seis meses. Es un hecho muy importante porque tiene que ver con la actuación policial en las barreras de control y el uso y abuso de la fuerza por parte del personal policial o cualquier tipo de personal que pueda intervenir en estas barreras y que pueda ordenar la detención o aprehensión de algún ciudadano”, manifestó la agente pública.
La fiscal Zayas aseveró que en estos casos debe estar presente el respeto a las leyes, el conocimiento de las leyes que rige esas barreras, el conocimiento de la ley del uso de la fuerza policial, de su Carta Orgánica y de la responsabilidad penal cuando el funcionario policial comete un hecho de maltrato corporal o lesión en el ejercicio de las funciones públicas.
Antecedentes de los hechos
El 5 de enero del año pasado en la vía pública, sobre las calles 21 Proyectada casi Perú, el joven estudiante de Derecho Iván Recalde se desplazaba a bordo de una camioneta cuando fue parado, obligado a bajar del rodado y esposado.
Durante el juicio se comprobó que Recalde fue rociado con gas pimienta y detenido durante horas por no contar con la placa de registro correspondiente al vehículo (chapa), pese a tener todos los documentos.
El universitario también fue privado de su libertad en la comisaría de la zona sin contar con orden fiscal, motivo por el cual fue necesaria la intervención de abogados para su liberación, varias horas después.
