Los padres alegan que la fiscala Blanca Agüero encontró varias pruebas sobre el caso y por ello defienden que siga con la investigación.
Susana Rodríguez, abogada de los padres, sostiene que la fiscala está haciendo un excelente trabajo, ya que pudo juntar varias evidencias en un tiempo récord, lo que genera confianza en los afectados por el derrumbe de un aula del Colegio de Lambaré. “Si da la recusación, se evidenciará el sometimiento de la Fiscalía a los políticos corruptos”, expresó.
Comentó que se tienen varias pruebas de que una rosca mafiosa permitió que se llevara a cabo la obra.
Si bien el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, no se encuentra en la institución, esperan conversar al menos con el jefe de Gabinete.
Hace ocho días el techo de una sala de clases cayó sobre los alumnos del noveno grado. En ese momento se encontraban 23 estudiantes, más la profesora. Varios sufrieron heridas de diversa consideración y fueron derivados a centros asistenciales para su revisión médica.
Cárdenas fue imputado por lesión de confianza, así como también otros funcionarios de la Comuna y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por permitir la construcción de las aulas en forma irregular.
Un documento señala que se asignaron G. 66 millones para la obra, pero se entregaron G. 266 millones de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
La Municipalidad de Lambaré es actualmente una de las 175 Comunas del país que adeudan sus últimos informes sobre la rendición de gastos del Fonacide.
