El fin de semana que pasó fue trágico para la seguridad de nosotros, los paraguayos, con el secuestro y posterior liberación de Gerardo Wall, primero, y, luego, con el asesinato de Wilhelm H. Friesen, después.
Estos hechos confirman que los grupos criminales mantienen plenamente la iniciativa que jamás perdieron y que, en realidad, consolidaron desde el 15 de agosto de 2013, el día en que Horacio Cartes juró que ellos no le iban a marcar la agenda.
Más de mil trescientos días después de esa fecha, tres años y medio de gestión después, el señor Cartes no logró arrebatar la iniciativa a los grupos criminales que, en cambio, la tienen cada vez más abierto, por lo que es evidente que las medidas que el presidente adoptó desde que asumió no solamente no lograron modificar la situación existente aquel 15 de agosto, sino que permitieron que ella se deteriorara.
El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “fracaso” del siguiente modo: “De fracasar. 1. m. Malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. 2. m. Suceso lastimoso, inopinado y funesto. 3. m. Caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. 4. m. Med. Disfunción brusca de un órgano”.
Luego, queda claro que lo que estamos sufriendo los paraguayos es un fracaso del señor Cartes en el cumplimiento de la obligación que nuestra Constitución deposita en el presidente de la República de garantizar la seguridad interior en nuestro país (Artículo 175).
Lo que corresponde, en consecuencia, es determinar si ese fracaso tiene causas que el señor Cartes puede razonable y legítimamente atribuir a otros responsables o si las mismas son atribuibles a su propia gestión.
La estructura del mando institucional de las fuerzas públicas de nuestro país está definida en nuestra Constitución y en las leyes reglamentarias respectivas y es vertical, jerárquica y no deliberativa, lo que significa que su cúspide, el presidente de la República, es el único que da las órdenes directivas que no están sujetas a discusión alguna y son de cumplimiento obligatorio en tanto sean constitucionales.
Tan cierto es lo anterior que el señor Cartes dispuso, él por sí, en su calidad de pináculo de la cadena de mandos, el esquema para enfrentar a los grupos criminales del Norte del país mediante su iniciativa convertida en la Ley 5036/13 que involucra a las Fuerzas Militares en la misma y mediante su Decreto 103/13, creando la Fuerza de Tarea Conjunta, cuya jefatura asumió personalmente, liderazgo exclusivo reafirmado en su discurso de agosto de 2016 pronunciado tras el asesinato de ocho militares por los grupos criminales en cuestión.
Por tanto, de hecho y de derecho, Horacio Manuel Cartes Jara es el único responsable de la situación de seguridad que sufrimos.
Las medidas que el señor Cartes tomó desde el 15 de agosto de 2013, independientemente de cualquier otra consideración, son pues las que generan la situación que sufrimos. No es la lluvia, no es dios alguno, no es el Congreso ni la Corte Suprema.
Y si esas medidas produjeron esos resultados, los resultados son imputables al señor Cartes, autor de las medidas. Se le advirtió a Cartes que sus medidas no eran conducentes, pero las impuso a pesar de la experiencia mundial e histórica y eso se llama incompetencia.
“Incompetencia. 1. f. Falta de competencia o de jurisdicción”. “In-2. Tb. im- ante b o p; i- ante l o r. Del lat. in-, de valor negat. o privat. 1. pref. Indica negación o privación. Inacabable, incomunicar, inacción, impaciencia, ilegal, irreal”. “Competencia-2. Del lat. competentia; cf. competente. 1. f. incumbencia. 2. f. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”.
El señor Cartes no es competente para la lucha contra los criminales y el precio de su torpeza lo pagamos todos.
