Solo cuatro de cada diez estudiantes están al día con sus cuotas mensuales en los colegios privados y privados subvencionados de Asunción y el área metropolitana, según datos de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas del Paraguay (Asiec). Es decir, se registra una mora del 60% en la mayoría de las instituciones.
Ante esta situación, nuevamente se denuncian casos en que las autoridades de varios colegios buscan prohibir que los alumnos que adeudan sus cuotas puedan rendir los exámenes finales, en clara violación a la Ley 3587 “De protección de la niñez y de la adolescencia en el ámbito educativo privado”, que establece claramente en su artículo 2: “En caso de cuotas y aranceles vencidos e impagos por parte de los responsables, las instituciones educativas no podrán: 1. retener las libretas de calificaciones, de exámenes parciales o finales; 2. hacer público el estado de cuenta de las cuotas y aranceles educativos; y, 3. hacer decaer los plazos de las cuotas y aranceles educativos no vencidos”.
La falta de pago de las cuotas y aranceles vencidos solo habilita a la institución a dar por rescindido el contrato de prestación del servicio educativo y demandar el cobro judicial de las cuotas y aranceles vencidos, más los intereses moratorios legalmente admitidos, según la legislación.
Sin embargo, cada año se denuncian casos de alumnos a los que no se permite rendir los exámenes finales y corren el riesgo de perder el año lectivo, sin contar los traumas que esta situación genera en los jóvenes.
Esta situación reiterativa, claramente ilegal, debería ser mejor manejada por los propios padres de familia, por las autoridades de los colegios y mejor controlada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Debe haber un sinceramiento de los padres , quienes muchas veces, por querer aparentar una determinada imagen ante el entorno social, envían a sus hijos a colegios con un alto costo de cuotas y servicios, los cuales realmente no pueden pagar y caen en una situación de mora que luego no pueden alcanzar a cubrir, causando un mayor daño a los alumnos.
De igual manera, las autoridades de los colegios deben asumir que la educación es principalmente un servicio social, antes que un negocio y deben facilitar instancias de diálogo con los padres de familia, para buscar formas de solución que no impliquen asumir medidas drásticas, que además son ilegales, como impedir que concluyan el año lectivo.
Igualmente, el MEC debe proceder a un control más estricto sobre lo que está sucediendo y aplicar las debidas sanciones previstas a los colegios que incumplan la ley, pero además debe abrir canales de diálogo y negociación con los padres de familia y directivos de colegios, para hallar una solución que beneficie a todos. Los traumas a los que se somete a los alumnos, además de perjudicar su rendimiento, generan una innecesaria carga negativa para un sistema educativo en crisis.
