“Ante los hechos de público conocimiento, toma del Colegio Nacional República Argentina por parte de estudiantes, solicito posponer la referida citación a los efectos de abocarnos desde esta Cartera de Estado a la solución de los temas planteados por los alumnos, fundamentalmente atendiendo al carácter prevaleciente de los derechos de los niños y adolescentes que están protegidos constitucionalmente”, refiere el escrito.
Indica que la mencionada solicitud se fundamenta en una justa causa, como lo tienen previsto los artículos 193 de la Constitución Nacional y el 4.º artículo de la Ley N.º 164/93 “Que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional”.
La Cámara de Senadores había aprobado la interpelación de la ministra de Educación. La secretaria de Estado deberá responder a los cuestionamientos de los legisladores.
La iniciativa pretende conocer los criterios y mecanismos adoptados por la institución para la contratación y licitación de servicios.
Publicaciones periodísticas revelaron que en la licitación se incluyeron productos con sobrecosto, como cocido a G. 80.000, botellas de medio litro de agua a G. 10.000 la unidad, bocaditos salados a G. 500.000 por 100 unidades, G. 100.000 por cada kilogramo de frutas frescas, entre otros.
El repudio ciudadano y los cuestionamientos pusieron a la ministra Marta Lafuente en el ojo de la tormenta, incluso fue llamada por el presidente de la República, Horacio Cartes, quien le ordenó posteriormente cancelar el proceso licitatorio.
