Esta instancia fue propuesta, según dijo, en razón de que “no sirve que exista una ley si no hay voluntad política de aplicarla, ya que sería un enorme engaño hacia quienes van a tener la esperanza de solucionar sus problemas de endeudamiento”, en torno a la normativa que ya fue vetada por el presidente de la República, pero que debe ser estudiada aún en ambas Cámaras del Congreso.
Dijo no estar para engañar a nadie, y que cuando era presidente del Parlamento ya había mencionado algunas posibles soluciones, e incluso gestionó para que Felipe Paredes, líder de los cañicultores, se sentara a dialogar con el jefe de Gabinete, Juan Carlos López Moreira y el titular del MAG, Juan Carlos Baruja, con lo cual por lo menos se consiguió una solución a medias en cuanto a refinanciación.
También hizo público que se había reunido con los líderes de los manifestantes y les pidió que lean la propuesta lanzada por el Poder Ejecutivo y que, en todo caso, elaboren una contrapropuesta con el fin de que se concrete verdaderamente el desarrollo agrario sostenible, atendiendo a que -según dijo- los últimos gobiernos le dieron la espalda a este sector postergado.
Con respecto a la propuesta de diálogo, aclaró que como no se encuentra actualmente en la conducción de ningún poder del Estado, su grupo no puede liderar las conversaciones, al tiempo de mencionar que naturalmente se genera una desconfianza hacia la voluntad política del Ejecutivo en su afán de atender las reivindicaciones históricas del campesinado.
Respecto a la posición asumida por la bancada colorada disidente en torno al veto del Ejecutivo a la ley de subsidio, dijo que no se tiene una posición asumida, pero recalcó que no es conveniente generar una Ley si no hay compromiso de las autoridades para aplicarla.
Explicó igualmente que el titular del MAG le habló también en una reunión reciente sobre la posibilidad de emitir bonos para fortalecer la agricultura campesina, generar el crédito agrícola y subsidiar la entrega de insumos, semillas y tecnología.