Esta irresponsable decisión afecta a la ciudadanía que termina recibiendo servicios de mala calidad, ya que va a los centros de salud y hospitales y no encuentra medicamentos; las instituciones educativas no tienen equipamiento, libros ni útiles escolares y ni mencionar la baja cobertura de la política de vivienda y de la de saneamiento, o la falta de solución a los problemas de la tierra. Otras políticas necesarias ni siquiera existen por la falta de recursos, como aquellas destinadas a mejorar la gestión de las pequeñas y medianas empresas.
Es una vergüenza que los parlamentarios otorguen aumentos salariales sin considerar los méritos y la productividad de los funcionarios, los resultados de la gestión o las necesidades institucionales.
Estos fondos no solo se distribuyen a todos por igual, sino que además terminan desincentivando a quienes ponen el mayor de sus esfuerzos ya que acaban recibiendo un trato similar a los planilleros, mediocres o irresponsables.
La aprobación de fondos por encima de las posibilidades de financiamiento genuino no solo obstaculiza la gestión eficiente de los recursos humanos. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, el Ministerio de Hacienda está obligado a implementar el plan financiero, lo que termina distorsionando la ejecución del Presupuesto, sesgándose hacia los gastos rígidos.
No sirve de nada a la ciudadanía tener instituciones de salud y educación llenas de funcionarios públicos, pero carentes de insumos o servicios de agua potable y saneamiento de mala calidad. Esto es irresponsable, porque el Estado gasta inútilmente los pocos recursos con que cuenta poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos al no prestar servicios de calidad.
Los parlamentarios deben tomar conciencia de que su deber está en garantizar los derechos de la ciudadanía y cumplir sus promesas electorales, pilares fundamentales de la democracia. Ceder ante las presiones de funcionarios públicos sin contar con mecanismos que permitan que esos recursos contribuyan a mejorar la gestión pública constituye un desperdicio de recursos y una afrenta a quienes con su esfuerzo diario pagan sus impuestos.
Esperemos que en las próximas semanas esta situación pueda ser revertida. Las necesidades de la ciudadanía deben ser puestas en primer lugar, ello requiere un adecuado equilibrio entre los recursos humanos, los insumos y la infraestructura. La eficacia y la eficiencia de las políticas públicas dependen de la buena asignación de los recursos públicos.
