22 abr. 2024

Seguridad laboral es un derecho básico de los trabajadores

La seguridad laboral no puede ser considerada como una concesión a los trabajadores, pues es uno de los derechos básicos. En la última semana, hubo dos accidentes en fábricas por fuga de amoníaco. Uno dejó dos fallecidos y decenas de heridos; un obrero resultó herido por el derrumbe de un silo y varios obreros quedaron atrapados en un edificio en construcción debido a un incendio. El Estado debe asumir su rol y garantizar que las empresas cumplan con los estándares de seguridad y protejan la vida de los trabajadores.

En el transcurso de la pasada semana, hubo dos accidentes laborales tan mediáticos como graves. Como consecuencia del primero, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinó la clausura total de la empresa Ochsi, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, tras la explosión de una garrafa que contenía amoníaco. El hecho dejó dos fallecidos: Gustavo Notario, de 25 años, y Nelson Vera, de 42 años, y más de 30 heridos. En el segundo caso, se trata de una fuga de amoníaco ocurrida en la planta avícola Pechugón, ubicada en el kilómetro 18 de la ruta PY02, Capiatá, departamento Central. De acuerdo con los reportes del IPS, 18 personas fueron atendidas debido al hecho. Carlos Morínigo, gerente de Salud, alertó respecto a que alrededor de la fábrica había alta concentración de amoníaco en el ambiente, “que quiere decir que la fuga era persistente”. Recordemos que ambas fábricas se encuentran ubicadas en zonas muy pobladas.

Posteriormente, se produjeron otros accidentes: un trabajador sufrió heridas y afortunadamente pudo ser rescatado a tiempo, debido al derrumbe de un silo en Coronel Bogado; en Ciudad del Este, obreros quedaron atrapados en un edificio en construcción cuando se desató un incendio.

Muchos de los accidentes que se producen en los lugares de trabajo dejan al descubierto la falta de medidas de seguridad, pero sobre todo señalan el nulo control por parte del Ministerio del Trabajo.

Debemos reconocer que en el Paraguay, en pleno siglo XXI, todavía se cuenta con condiciones laborales precarias, así como espacios laborales donde no se tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores, pues no siempre se tiene en consideración el contenido de la Ley 5.804, que establece el sistema nacional de prevención de riesgos laborales.

Esto se suma a la dura y penosa realidad del trabajo en el Paraguay, un país en el que, según los expertos, el 85% del ingreso de los hogares proviene del trabajo. Es absolutamente inadmisible, por lo tanto, que el Estado, a través de sus instituciones y sus funcionarios, no sea capaz de proteger, apoyar y garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

Debemos, asimismo, asumir una situación: se han normalizado los accidentes laborales, pues nos hemos acostumbrado como sociedad a recordar los derechos y la realidad del trabajo recién cuando una tragedia nos golpea, como ocurre actualmente. Y queda claro que cada tragedia nos recuerda el incumplimiento de las normas de seguridad y los derechos que no son tenidos en cuenta.

No obstante, por encima de todo resalta la falta de control de parte de las instituciones encargadas y las condiciones de informalidad por la cual muchos de estos accidentes quedan impunes. Tenemos como ejemplo el caso del guardia de seguridad Óscar Baranda, de 41 años, quien el año pasado fue asesinado a tiros por un grupo de asaltantes en su lugar de trabajo. Su viuda había denunciado repetidamente: “Si tenía chaleco antibalas, iba a sobrevivir”. También reveló las condiciones precarias en que este trabajaba, expuesto al peligro y a la inseguridad reinante: “Mi esposo trabajaba 12 horas al día, el salario es de G. 2.800.000 y sin IPS. Como no tenía baño, tenía que improvisar usando un balde y hacer ahí sus necesidades”.

La ciudadanía observa impotente a las instituciones del Estado pobladas de hijos e hijas de los políticos que reciben salarios millonarios, como Monserrat, la hija del vicepresidente de la República, Alliana, que tiene un salario de 18 millones de guaraníes al que accede por un puesto por el cual no ha concursado, mientras el Ministerio del Trabajo no cuenta con suficientes inspectores para controlar la precariedad laboral, evitar accidentes y más muertes.

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