En el ámbito del transporte público no se puede negar que hubo avances. Pero para eso fue necesario el aporte del Estado paraguayo, que destinó USD 11 millones, para que los empresarios renovaran su flota de vehículos. No obstante, los usuarios de Asunción y del área metropolitana deben pagar más para acceder a los buses climatizados; y las chatarras aún no han sido desterradas de nuestras calles. En cuanto a los colectivos adaptados con rampas de acceso, siguen siendo una novedad.
Las primeras empresas en introducir en su flota colectivos con rampa para el acceso de personas con alguna discapacidad fueron TTL SA (líneas 23 y 24) y Lince SRL (líneas 18-1 y 26), en el 2013. Un año después, en agosto del 2014, el Gobierno llegó a un acuerdo con los empresarios del transporte por el cual se comprometía a entregar USD 30.000 por cada bus.
Con el dinero en mano, los transportistas ya debían renovar el 20% de su parque con unidades climatizadas (con aire). Además, se obligó a las compañías permisionarias a que el 15% de su parque cuente con rampas para acceso a sillas de ruedas. Actualmente, hay aproximadamente 300 ómnibus con rampa circulando por Asunción y el área metropolitana. Sin embargo, la realidad de la calle a veces poco tiene en común con la de los papeles.
Un video, recientemente popularizado en las redes sociales, tuvo gran impacto. En el mismo, la organización ParIgual mostraba los obstáculos que deben vencer las personas con discapacidad para acceder a un ómnibus con rampas. Como consecuencia, las empresas de transporte San Isidro SRL (líneas 8, 48 y 51) y Automotores Guaraní SRL (líneas 15 y 47) fueron sancionadas con una multa de G. 3.858.580 cada una, porque sus unidades habilitadas no alzaron a una persona con discapacidad.
Los directivos del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) se vieron obligados a hacer un mea culpa, y nuevamente se comprometieron a capacitar a sus conductores. Pero como dice el conocido refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, y con retórica no se logrará hacer efectivas las vigencias de los derechos.
Que una persona en silla de ruedas haga la parada a una línea de transporte público, suba por una rampa mecánica y pueda abordar el transporte sin inconvenientes, no debería ser una utopía. Como tampoco debería interpretarse como una concesión por parte de los empresarios del transporte. Estos recibieron millonarios aportes del Estado para adecuar las unidades. Es hora de que todos, sociedad y Gobierno reconozcan los derechos de las personas con discapacidad, para que estas sientan que verdaderamente forman parte de la sociedad. De todos depende que el artículo 46 de nuestra Constitución Nacional, que proclama que “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos"; y que en el Paraguay no se admiten discriminaciones, sea una realidad cotidiana.
