Brian Martínez, Rubén Moisés Galeano, Daniel Aquino y Osvaldo Luis Sánchez solicitaron el refugio en territorio uruguayo desde este lunes, de acuerdo a lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas.
Los cuatro fueron imputados por el Ministerio Público luego de los incidentes que se generaron el pasado 31 de marzo en la sede del Congreso Nacional y en las inmediaciones, durante una jornada de protestas contra la reelección presidencial.
En sus pedidos sostienen que les resulta imposible ejercer sus defensas en las condiciones previstas y pactadas en las convenciones y tratados sobre los Derechos Humanos.
“Es vital para nosotros acogernos al derecho de asilo de manera a preservar nuestras vidas, integridad personal y, con posterioridad, someternos al proceso judicial en el país, cuando cesen las presiones indebidas sobre el Poder Judicial”, argumentaron en la solicitud.
La causa está a cargo de los fiscales Eugenio Ocampos, Aldo Cantero y María Estefanía Fernández. Los agentes del Ministerio Público investigan la supuesta fabricación de bombas molotov.
Los dos primeros presentaron videos de la cámara de vigilancia del local del PLRA como evidencia probatoria, además de otras filmaciones donde se observa a los imputados en la plaza y en el Congreso Nacional.
Según la imputación, Brian Martínez habría ingresado a las 23.30 de aquel día a la sede del PLRA, supuestamente, con varias botellas presumiblemente de kerosene o alcohol.
El joven supuestamente agarró una tela de color blanco y sobre una mesa la cortó en varios pedazos que introdujo en cada una de las botellas, dejando una parte hacia fuera para que cumpla la función de mecha.
La Fiscalía también sostiene que Luis Sánchez habría organizado y elaborado las bombas molotov. Este también está procesado por perturbación a la paz pública, por la toma y quema del Congreso.
