Los senadores analizaron el veto parcial del presidente de la República, Horacio Cartes, a la Ley 5587/16, que modifica y amplía la Ley 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras entidades de Crédito”.
Necesitaban 23 votos para ratificarse en su sanción inicial, sin embargo, solo lograron reunir 21 votos, por lo que quedó firme el veto del Poder Ejecutivo.
Luego votaron por la aprobación de la parte no objetada de la normativa y tampoco se tuvo el resultado favorable. De esa forma, la polémica Ley de Bancos pasa al archivo, aunque el análisis causó confusión hasta en los parlamentarios.
El senador liberal Fernando Silva Facetti lamentó que no diera sus frutos el trabajo realizado por más de un año al proyecto de ley. Dijo que el documento pasará a la Cámara de Diputados por formalismo.
Tanto el Ministerio Público como Hacienda realizaron una conferencia de prensa para solicitar a los senadores aceptar el veto presidencial. Las instituciones cuestionaban las modificaciones realizadas al artículo 86 del documento.
El senador Arnaldo Giuzzio fue uno de los que estuvo a favor de aceptar el rechazo de ese articulado, argumentando que se estaba retrocediendo en el sistema procesal penal porque se le estaría sacando atribuciones a la Fiscalía General de la República.
“En el artículo 86 se introdujeron tres o cuatro palabras que modificaron radicalmente el sentido de la estructura inicial remitida por el Ejecutivo”, señaló en su momento el fiscal Javier Díaz Verón.
En la argumentación del veto se señala que en la forma en que quedó el mencionado articulado, sobre las excepciones al deber del secreto bancario, se priva al Ministerio Público a cumplir su rol de poder tomar medidas de investigación tendientes a confirmar o no hechos punibles de acción penal.
Para Díaz Verón era llamativo que con la modificación introducida en la Cámara de Diputados la Secretaría de Tributación, Aduanas y la Contraloría pueden pedir información sin requerir una orden judicial, sin embargo, la Fiscalía está obligada a solicitar un requerimiento al Juzgado.
El decreto presidencial también objeta que la Secretaría de Preveción de Lavado de Dinero (Seprelad) requiera, en virtud de la ley, la autorización de un juez para acceder a información resguardada bajo secreto bancario.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, recordó que el proyecto de ley fue analizado en las comisiones de ambas cámaras legislativas y fue consensuado. Sin embargo, en la Cámara Baja se introdujo el cambio sin previo aviso ni discusión.
