EFE
“Debemos evitar medidas represivas que puedan generar la violación de derechos humanos” porque " las políticas de mano dura ya no funcionan”, publicó Almagro en sus redes sociales.
Detalló que esto “no implica dejar de reprimir delito, significa más prevención y reinserción para (tener) una sociedad segura”.
Aseguró que este país centroamericano debe implementar “programas que garanticen una reinserción integral (de los pandilleros)” para “romper con circulo vicioso del crimen y violencia”.
Recientemente, el Ejecutivo de Salvador Sánchez Ceren inició la aplicación de “medidas excepcionales” para recuperar el control total de 7 prisiones donde son recluidos pandilleros que ordenan la comisión de crímenes en el exterior de las cárceles.
Las publicaciones de Almagro surgieron en el contexto de una reunión que sostuvo con el multisectorial Consejo Salvadoreño de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) en la Casa Presidencial, bajo el hermetismo del Gobierno y sin acceso a la prensa.
Para el secretario de la OEA, el plan El Salvador Seguro, creado por el CNSCC y que da vida a la política de seguridad el gobierno de Sánchez Cerén, debe “ser más inclusivo con las víctimas y familias para que sientan al Estado de su lado”.
Mientras Almagro y el CNSCC se reunían, un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad y pandilleros se saldó con la muerte de 3 agentes y 9 miembros de pandillas en la localidad rural de Santa Cruz Michapa (noreste).
El Salvador vive un recrudecimiento de la violencia que entre enero y marzo pasados se ha cobrado la vida de 2.022 personas, cifra superior en un 73 % a la registrada en el mismo periodo de 2015.
El pasado 29 de marzo el Gobierno declaró estado de emergencia en 7 de 21 penitenciarias durante 15 días, con lo que se suspendieron las visitas y se limitaron los movimientos dentro de los recintos.
No obstante, el 1 de abril el Congreso otorgó al Ejecutivo de Sánchez Cerén la potestad de ampliar estas acciones y aplicar otras durante un año.
El Ombudsman salvadoreño, David Morales, advirtió este lunes de que “la prolongación” del encierro permanente al que son sometidos los presidiarios “podría desencadenar en una crisis de salud y muertes de internos” por “las generalizadas condiciones degradantes e inhumanas que caracterizan dicho encierro a causa del hacinamiento”.
