Álvaro Uribe, líder de la derecha colombiana, de 73 años, se había convertido en agosto en el primer ex presidente colombiano condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena posible por soborno y fraude procesal, en una decisión de primera instancia que apeló su defensa. El juez de un tribunal de Bogotá revocó la condena por ambos cargos, por la que había sido sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria.
El tribunal aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe, dijo que las escuchas que se usaron como pruebas fueron ilegales y argumentó fallas en la “metodología” de la jueza que decidió en primera instancia.
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El senador de izquierda Iván Cepeda, que presentó la demanda contra Uribe, o la fiscalía o procuraduría colombianas todavía pueden quemar un último cartucho con un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Tras cuatro horas de lectura del fallo, continúa la audiencia a la que asistió el ex presidente Uribe (2002-2010) de manera virtual. Tras pasar una veintena de días en prisión domiciliaria, el ex mandatario se defendió en libertad amparado por una decisión de un tribunal de Bogotá, el mismo que ahora revocó la condena.
“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, dijo el presidente Gustavo Petro en X, enemigo político de Uribe.
Giro electoral
Según el fallo de primera instancia, el ex presidente había presionado a paramilitares encarcelados para que lo desvincularan de su organización, responsable de masacres, desapariciones y otras atrocidades en medio del conflicto armado. La decisión de este martes a favor de Uribe le da un nuevo impulso a las elecciones presidenciales de 2026, en las que las fuerzas de derecha intentan arrebatarle el poder a la izquierda.
Una de las precandidatas afín a Uribe festejó la decisión y no descartó que el mandatario se presente al Senado o sea candidato a la vicepresidencia.
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El proceso judicial más mediático del siglo en el país arrancó en 2018, cuando la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por sus vínculos con paramilitares después de las denuncias del senador y hoy precandidato presidencial Iván Cepeda.
El ex paramilitar encarcelado Juan Guillermo Monsalve se convirtió en testigo estrella tras relatar cómo un abogado de Uribe intentó sobornarlo. El letrado Diego Cadena le ofreció beneficios a Monsalve para cambiar su testimonio, pero este lo grabó con una cámara escondida en su reloj. La Justicia colombiana condenó a Cadena a siete años de prisión domiciliaria por soborno en el mismo entramado.
Uribe siempre ha negado vínculos con paramilitares y sostiene que su judicialización es fruto de una persecución de la izquierda, bajo el liderazgo del presidente Petro.
Pero su nombre aparece en al menos tres investigaciones más por la fundación y financiación de un grupo paramilitar, varias masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos. Todas están en manos de la Fiscalía colombiana.
Petro vs. Trump
La contraparte podrá escalar el caso con un recurso de casación ante la Corte Suprema. El tribunal primero estudiará si es válido y en caso tal la resolución podría tardar meses o años.
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Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, rechazó la decisión del tribunal, en medio de críticas por su intromisión en la Justicia.
El mandatario vinculó la decisión con la peor crisis que atraviesa con Estados Unidos por sus constantes choques con el presidente Donald Trump.
“Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, dijo en X y convocó a marchas el viernes.
Uribe es muy popular por su feroz cacería contra la guerrilla durante dos mandatos consecutivos.
Sin embargo, autoridades registraron en esa época graves violaciones de derechos humanos como el asesinato de miles de civiles a manos del Ejército, presentados como guerrilleros abatidos a cambio de beneficios.
Fuente: AFP.
