EFE
“El sistema penitenciario no es opción para el fin de la pena. No está en condiciones de atender las necesidades y preparar a las personas para vivir en libertad en la situación actual”, sentenció Martínez durante una entrevista.
Martínez asumió con la promesa de “humanizar” las prisiones del país en septiembre de 2016, precisamente tras una crisis en el sistema carcelario del país suramericano, que propició la salida de su antecesora, Carla Bacigalupo.
Entonces, Martínez encontró una superpoblación de más del doble de la capacidad del sistema, con espacio para 6.600 reos y más de 13.000 personas privadas de libertad.
“Es absurdo pensar que algo se podía hacer en esas penitenciarías. Obviamente, el espacio físico era una falencia a todas luces visible y también lo es la calificación del personal penitenciario”, expresó Martínez.
Tras más de un año al frente del ministerio, los actuales datos de la cartera muestran un incremento en la capacidad para albergar presos, ahora de hasta 9.511 internos, pero sigue siendo insuficiente ante el constante aumento de los encarcelados, que suman hasta septiembre de este año 13.607.
“Hablar de preparar a personas privadas de libertad para su vida futura, en medio del hacinamiento que hasta hoy tenemos, es utópico. Nadie puede decir, y miente el que dice que, por ciertas atenciones o cuidados que se podían dar en el contexto que teníamos, una persona sale en libertad y está preparada para conseguir trabajo y alejarse del delito y los vicios”, alegó el ministro.
La prisión de Tacumbú en Asunción, la más grande del país, es el ejemplo más gráfico de estas ínfimas condiciones de privación de libertad en Paraguay, con una capacidad para 1.530 personas privadas de libertad y una población de 3.581 presos.
“Es el mal ejemplo. Tacumbú es consecuencia de fallas sistémicas y falta de atención de décadas enteras. Se veía venir y ha sido la situación aún más complicada con las modificaciones al sistema jurídico penal, que tiene que ver con la prisión preventiva, y a la falta de opciones y alternativas”, indicó Martínez.
Esa falta de alternativas a la prisión como medida preventiva en nuestro país fue destacada por el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) hace un año con datos que indicaban que un 77% de los varones y un 58% de las mujeres encarceladas en el país carecen de condena.
Para Martínez el abuso de la prisión preventiva es la consecuencia de varios factores internos y externos al sistema judicial y penitenciario, como la falta de capacidad para implementar la prisión domiciliaria o los localizadores electrónicos.
“Esa persona que va a su domicilio como medida sustitutiva no tiene ningún control, sale delinque, mata a una persona y ¿qué pasa? Todo el sistema jurídico, con la presión mediática, cae contra ese magistrado haya dado bien o mal la medida sustitutiva”, agregó el titular de Justicia.
Añadió que para él también “tiene una connotación social” y que se debería ejercer un trabajo de concienciación para “explicar un poco al ciudadano cuáles son los beneficios y perjuicios de ese sistema de encarcelamiento masivo”.
Martínez explicó que los retos pasan por mejorar la calidad de las cárceles con base en los estándares internacionales y mejorar la capacitación de los profesionales de los presidios para seguir trabajando en la premisa de “humanizar” las cárceles y favorecer la posterior reinserción de los privados de libertad.
Las nuevas inversiones prevén darle la vuelta a la situación actual con una inversión de USD 70 millones para cuatro nuevas penitenciarías en la ciudad de Emboscada, donde ya hay dos prisiones, y otros USD 35 millones para dos cárceles más en Ciudad del Este, la segunda mayor urbe del país.
“Hoy hemos incorporado médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras... No en la medida de lo deseado pero por lo menos para empezar a trabajar”, afirmó Martínez.
