Que la Justicia en el Paraguay funciona según la cara del cliente ya no es una novedad y eso se vio más que reflejado en los últimos días.
Dos de los casos más recientes en que el Ministerio Público actuó con una celeridad poco usual se dio primero con la detención del abogado Paraguayo Cubas y la posterior orden del juez penal de Garantías Paulino Escobar, quien ordenó su prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Emboscada, mientras dure el proceso. Cubas y sus seguidores están imputados por perturbación a la paz pública, resistencia y daño a cosas de interés común porque pintaron grafitis en los vehículos del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
Otro caso en que se actuó con celeridad es el que envuelve a los senadores opositores Desirée Masi y Roberto Acevedo. El Ministerio Público designó un fiscal investigador en menos de 24 horas de denunciado el caso.
En este caso, el agente fiscal de la Unidad Penal N° 1 de Asunción, Juan Leonardi Guerrero, fue designado para llevar adelante la investigación sobre la denuncia formulada por el abogado y dirigente colorado Luis Canillas, quien se valió de la captura de pantalla de una supuesta amenaza de muerte de la legisladora Masi al presidente Horacio Cartes en un grupo de WhatsApp.
Sin embargo, ni la Fiscalía ni el Poder Judicial actuaron con la misma celeridad en otros casos, como la recientemente falsificación masiva de firmas en la campaña a favor de la enmienda constitucional para la reelección, realizada por el Partido Colorado.
Pese a las denuncias masivas de fraude, la Fiscalía solo después de la presión mediática y pasados varios días designó a dos fiscales investigadores, uno de los cuales fue recusado por el oficialismo colorado.
Justicia ciega. La lentitud judicial se ve reflejada más claramente con los legisladores afines al oficialismo y a Cartes, cuyos procesos judiciales se encuentran parados, en algunos casos desde hace varios años, como el de los senadores Víctor Bogado y Enzo Cardozo, y el diputado Venancio Núñez, quienes apoyan las iniciativas del jefe de Estado, incluida la reelección.
A pesar de las graves acusaciones, todos continúan realizando sus actividades legislativas y jamás tuvieron orden de detención, mucho menos prisión preventiva, como se dio con Payo Cubas.
