14 jul 2026

Juez fija audiencias para los 262 imputados en caso ANNP

El juez Penal de Garantías, Gustavo Amarilla, fijó las audiencias de imposición de medidas para las 262 personas procesadas por presunto cobro indebido de honorarios en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

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Las personas fueron contratadas durante la administración de Fernando Nicora. Foto: Archivo: ÚH

Amarilla fijó este miércoles que las audiencias de imposición de medidas para las 262 personas imputadas se realizarán desde el próximo 1 de abril y se extenderán hasta el 17 de junio. El magistrado decidió convocar a los procesados en grupos de cinco.

Tras varios días de estudio, el juez admitió en la víspera la imputación este grupo de personas por presunto cobro indebido de honorarios en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Por este mismo caso fue también procesado el diputado liberal Fernando Nicora López Moreira. El Juzgado comunicó a la Cámara de Diputados sobre dicha acción para que los legisladores analicen el desafuero del parlamentario y sea sometido al proceso.

La investigación fiscal refiere que el actual legislador contrató durante su gestión al frente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) a 262 planilleros, que en realidad trabajaban como operadores políticos del PLRA en la campaña para las elecciones generales del 2013.

El caso fue denunciado por el sindicalista José Ramón Martínez Molinas el 18 diciembre del 2012. La Fiscalía investigó el caso desde entonces y en este lapso ya ha tomado declaración a más de 100 personas que fueron desvinculadas de la causa.

Varias de ellas admitieron haber cobrado salarios de Puertos por el trabajo que realizaban para el PLRA y devolvieron lo cobrado, con lo cual obtuvieron salidas alternativas al proceso penal.

La imputación señala que las contrataciones fueron aprobadas mediante resoluciones del entonces presidente de la ANNP y suscriptas por el mismo.

De acuerdo con un informe de la Administración de Puertos, el importe total abonado por la institución por las contrataciones de noviembre y diciembre del 2012 fue de G. 610 millones.

Con respecto a Nicora, la imputación señala que “habría dispuesto del patrimonio del ente sin recibir a cambio contraprestación alguna, ni habría tomado los recaudos necesarios para controlar la productividad laboral de los contratados”.

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