Esto porque el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se declaró incompetente para juzgar una parte de la imputación de los fiscales en la causa.
El legislador suplente, junto con sus hermanos Ardonio Sánchez, y Denilso Sánchez, este último intendente de Capitán Bado, fueron procesados en principio por supuestos hechos de lavado de dinero y asociación criminal.
Sin embargo, el fiscal Marcelo Pecci amplió luego la imputación por lavado de dinero, y por narcotráfico. Ante esto, el juez Otazú no aceptó el último delito, ya que dice que son hechos nuevos, y debe ser una nueva imputación por tráfico de drogas.
Con ello, la Fiscalía apeló el rechazo de la imputación, y finalmente, el Tribunal de Apelación, Segunda Sala, determinó que el juez debía realizar los pasos para un conflicto de competencia, para que sea la Corte la que decida la cuestión.
Así, al final, el juez Otazú se declaró incompetente de juzgar el hecho, y tras el sorteo, el juez Paublino Escobar fue designado en el caso.
No obstante, como la causa no fue desdoblada porque la Fiscalía dice que es una sola, todo el expediente fue remitido a Escobar.
Ahora, el juez deberá decidir si acepta la causa, o también se declara incompetente ya que la mayoría de los delitos son de los denominados delitos económicos.
Si esto se produce, se crearía un conflicto de competencia negativo. Es decir, que ambos jueces dicen que no son competentes para atender la causa, por lo que sería la Sala Penal de la Corte, quien debe decidir qué juez atenderá el caso.
En la imputación no admitida por narcotráfico, se pide la prisión de Sánchez y sus hermanos, que ya están libres.
