Según la imputación, el legislador habría contratado a las tres personas, que no cumplen funciones institucionales en el Congreso Nacional.
Los caseros del parlamentario fueron identificados como Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, y están acusados por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
El magistrado convocó a los citados el próximo 1 de junio, a partir de las 8.30, para la audiencia de imposición de medidas, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
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Los antecedentes refieren que Chaparro y Romero figuran como contratados desde el 2013 –cuando Rivas asumió como parlamentario– con salarios de G. 2 millones al mes. Por su parte, Franco fue contratado a mediados del 2016, con un salario de G. 3 millones.
