Ocho de cada diez personas de más de 65 años no tienen pensión. 80% de los trabajadores de clase media son informales. Menos de 1 de cada 100 trabajadores independientes está ahorrando para su jubilación. En 2050 solo uno de cada cuatro adultos mayores habrá ahorrado para una pensión y un millón de adultos no habrá ahorrado para una pensión en el mismo periodo de tiempo. Se estima que 1,4% del PIB costaría una pensión antipobreza y apostar por el empleo formal.
Estos números sobre la situación paraguaya entregados en el año 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no variaron mucho. Paraguay sigue postergando una reforma de jubilaciones como si la solución pudiera caer del cielo en cualquier momento. Cada tanto, vienen al país misiones de organismos multilaterales y expertos en reforma de jubilaciones y pensiones, dejan sus propuestas y se van, sin que ningún gobierno haya intentado siquiera buscar la aprobación de un proyecto de ley que legisle sobre el tema.
Esta semana, el Instituto de Previsión Social (IPS) volvió a instalar el debate sobre el régimen de jubilaciones. Propone modificar la cantidad de años para jubilación, el monto para el pago de haberes, el sistema de medición, entre otras cosas. Pero lo hace aislado, sin acompañamiento del Gobierno, sin incluir a otros administradores de pensiones en la discusión. Y nuevamente parece un globo sonda que se disipará cuando el presidente de la República, Horacio Cartes, tuitee o comunique a través de su cuenta de Facebook que no habrá cambios.
Pero este tema requiere un debate serio, más allá de comunicaciones a través de redes sociales. Requiere saber de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo qué acciones tomarán para que quienes hoy no tienen un empleo formal puedan aportar a un fondo que les garantice el retorno cuando les llegue la edad de jubilarse. Ese fondo, administrado por el sector privado, debería tener un respaldo estatal ante cualquier situación de peligro de pérdida de recursos, un control estricto sobre el uso del dinero aportado por esos trabajadores informales y establecer penas privativas duras para quienes intenten apropiarse del dinero.
Es el momento de debatir no solo sobre el futuro del IPS, sino de todo el sistema de jubilaciones. Es el momento de asegurar el futuro de miles de paraguayos que hoy trabajan, sin saber si cuando cumplan 60 o 65 años contarán con un fondo que les permitirá vivir dignamente el resto de sus vidas, sin necesidad de recurrir a sus familiares para su sustento.
