29 mar. 2024

Informe de Contraloría sobre el MOPC estuvo cajoneado varios años

El informe final de una auditoría realizada en el ejercicio fiscal 2010 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el que el equipo auditor realizó varias observaciones que serían objeto de indicio de hechos punibles, recién ahora sale a la luz.

Efraín Alegre

Efraín Alegre

Una de las varias observaciones hechas en el informe de más de 100 páginas que estuvo cajoneado por casi cuatro años refiere a la falta de rendición de cuentas en el objeto de gasto 520 – Construcciones, por G. 41.719.247.739. En el documento también se menciona que la institución auditada (el MOPC) realizó pagos de más por certificación de obras, por G. 1.298.028.753.

Al frente de la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones se encontraba el político liberal y ex candidato a la Presidencia de la República Efraín Alegre y su viceministro de Administración y Finanzas era Juan Félix Bogado Tatter, hoy diputado nacional por el Partido Liberal. Ambos estuvieron en la institución desde el 15 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010.

El 18 de marzo de 2011, el entonces contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez Gadea, dispuso por Resolución Nº 170 la realización de la auditoría financiera y presupuestaria al MOPC, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

Velázquez Gadea designó para el efecto a los auditores Carolina Articanaba, Shirley Pereira, Marta López, Mónica Recalde, Carmen Herrera, Carlos Benítez Pesoa, Éver Otazo y como jefe de equipo a Noemí Scavone. Encargó la supervisión del trabajo a Marta B. de Sánchez y a Víctor Mechetti.

Posteriormente, en fecha 12 de abril de ese mismo año, el contralor en atención al arduo y extenso trabajo que demandaría la auditoría al MOPC, firmó la resolución Nº 232 por la cual dispuso la incorporación al trabajo de otros funcionarios.

Fueron incorporados a la tarea Valentín Eusebio Díaz Ruiz, Carlos Sartori Yahno, Esteban Gauto, Osvaldo René Ríos, Blas Knoop, Genaro Enrique Fernández y Derlis Cabrera Báez.

Fuentes señalan que Velázquez Gadea, actualmente imputado por la Fiscalía por varias presuntas irregularidades, fue quien mantuvo “escondido” el informe final de la auditoría. El informe final fue suscrito ya en fecha 28 de diciembre de 2011 y recién el pasado 25 de noviembre de 2015 fue remitido al MOPC (ver facsímil).

Llamativamente, el documento fue incluido de manera in extenso, sin haber sido publicado con antelación en el sitio web de la Contraloría General de la República, en un compendio de informes y dictámenes de la institución, sobre el ejercicio fiscal 2010.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.