EFE
El presidente del Indert, Justo Cárdenas, informó en un comunicado de que el viernes reafirmará públicamente la intención del Estado de recuperar esas tierras, como reclamaban los campesinos que las ocupaban y que fueron desalojados por la Policía hace casi dos años.
“La propiedad es del Estado”, dijo Cárdenas, quien calificó como “justa” la reivindicación social de las tierras.
“El caso de la posesión tendrá que ser dirimido en la Justicia. No es un tema fácil, pero estamos apuntando a una solución integral”, dijo Cárdenas.
El enfrentamiento en la parcela conocida como Marina Cué el 15 de junio de 2012 terminó con 11 labriegos y 6 policías muertos, y provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un controvertido juicio parlamentario.
Las tierras en disputa están en manos de una empresa de la familia de Blas N. Riquelme, un fallecido líder del gobernante Partido Colorado, la cual pidió expulsar a los campesinos para usarla como plantación de soja, mientras que el Estado mantiene un litigio legal desde hace años porque asevera que le pertenecen.
Cárdenas hizo el anuncio tras reunirse este martes con los familiares y víctimas campesinas de la masacre, acompañados de representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, que le solicitaron que dé a conocer su postura mientras la Justicia decide qué hacer.
Cinco labriegos fueron acusados de intento de homicidio por la muerte de los policías, mientras que no se explicaron aún las circunstancias del fallecimiento de once de sus amigos y familiares en el enfrentamiento, ni hay ningún imputado por este hecho.
El pasado 23 de abril, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay declaró inconstitucional un recurso de la empresa Campos Morombí, de Riquelme, que intentaba impedir que el Indert avance en su intento legal de recuperar las tierras calificadas de “malhabidas” por las organizaciones defensoras de los campesinos.
“Malhabidas” es el término utilizado para referirse a los aproximadamente 8 millones de hectáreas que se apropiaron de forma fraudulenta las familias aliadas al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, militar que dominó el país entre 1954 y 1989.
El obispo emérito del departamento de San Pedro, Oscar Páez Garcete, quien actuó de portavoz de los familiares en la reunión de este martes, solicitó al titular del Indert que recupere las tierras para la reforma agraria.
“La propiedad debe quedar en la Comisión Vecinal de Sintierra”, manifestó.
“Al expresar (Cárdenas) su plena seguridad de que las tierras son del Estado, aunque continúe el proceso en la Justicia, instancia que debe finalmente reconocer ese hecho, dejaría sin efecto un montón de cuestiones, como si aquello fue una invasión o un atropello a una propiedad privada”, dijo el sacerdote español Francisco Oliva, presente en la reunión.
Oxfam inició hace quince días una campaña mundial de recogida de firmas para exigir al Estado paraguayo que recupere los terrenos, pues considera que el caso es paradigmático del conflicto por la tierra en el país.
