Esta debe ser la primera ocasión en la historia de la democracia en el mundo donde los supuestos firmantes de una iniciativa “que desean fervientemente” implementar, una iniciativa institucional que “concurrieron entusiastas y militantes” a impulsar, no quieren darse a conocer y pretenden ocultar bajo el manto de la confidencialidad lo que debería ser su orgullo.
En efecto, el grupo Cartes, que por ahora controla a la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), se opone rotunda y tenazmente a que se verifiquen las firmas, a que se publiquen las planillas y a que se constate la acción cívica de sus supuestos partidarios.
Lilian Samaniego, Pedro Alliana, Juan Darío Monges, Enrique Riera Escudero y algunos otros referentes del grupo Cartes en el Partido Colorado hicieron y hacen alarde de su posición a favor de la reelección vía enmienda, lo gritan a los cuatro vientos, lo afirman y reafirman en cuanta red social existe y, sin embargo, se niegan a que quienes supuestamente tienen tanto entusiasmo como ellos sean confirmados en su militancia, se oponen a que se asegure que sus firmas son verdaderamente suyas.
Es un contrasentido total que en vez de mostrar que el pueblo verdaderamente está con la reelección vía enmienda, el grupo Cartes que controla a la ANR esconda lo que usa como soporte y rechace toda posibilidad de dar verosimilitud a su esfuerzo por exponer algún mínimo apoyo.
El senador Gustavo Alfonso impidió, ordenando a los integrantes del grupo Cartes en la Comisión Permanente del Congreso su retiro de la sesión, que este organismo cumpla con su obligación del inciso primero del Artículo 219 de nuestra Constitución que le impone vigilar el cumplimiento de las leyes (“Son deberes y atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso: velar por la observancia de esta Constitución y de las leyes”).
El desarrollo de una iniciativa ciudadana, una enmienda de nuestra Constitución, es per sé un caso obvio de vigilancia de la observancia constitucional y legal, pero mucho más todavía cuando dicha enmienda tiene un carácter absolutamente controvertido.
Alfonso dijo que el grupo Cartes no permitirá que la Comisión Permanente investigue la autenticidad de las firmas con las que se pretende cambiar nuestra Constitución y romper el equilibrio de poderes, según nos lo confirmó él mismo el pasado 12 de enero en radio 800. Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), dijo que ese organismo no hará en este caso de las firmas pro reelección vía enmienda lo que siempre ha hecho con todas las anteriores iniciativas populares: Verificar las firmas.
También en radio, Mauro nos dijo, el 13 de enero, que esta vez no lo hará, arguyendo un supuesto vacío legal que antes y hasta ahora no se había usado para evitar la verificación de firmas. No explicó, hasta el momento de escribir este material, por qué la Justicia Electoral cambió de posición.
Ezequiel Santagada, uno de los más conocidos impulsores de la ley de transparencia, la 5282, explicó ayer que la nueva posición de la Justicia Electoral desconoce los antecedentes y la normativa legal usada tradicionalmente.
Eduardo González, apoderado por el grupo Cartes de la ANR, arguyó además que las firmas son “confidenciales” porque pueden exponer a sus titulares a inconvenientes; olvidó que las firmas de electores en los padrones, para inscripciones o para traslados, siempre fueron y son instrumentos públicos.
Tanto esfuerzo de todo el cartismo en todos los frentes por ocultar la autenticidad de las firmas solamente se explica porque hay firmas falsas, muchas firmas falsas.
