La niña tenía diez años, medía 1,39 metros y pesaba 34 kilos cuando el pasado abril, con 21 semanas de embarazo, el caso salió a la luz. Además, padecía de anemia y desnutrición cuando fue atendida por los servicios sanitarios.
“Ya fue debatida la situación en lo legal. Hay que entender que la Constitución protege la vida y el Código Penal solo establece una posibilidad de abortar si la madre corre peligro”, declaró Zárate.
Según el titular de la Secretaría, la menor está acompañada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. “Cuenta con el acompañamiento de los profesionales que le brindan contención y todo lo que sea necesario”, añadió.
Prisión para padrastro
Al conocerse el caso, el padrastro fue encarcelado y la niña fue separada de su madre, que fue enviada a prisión preventiva acusada por la Fiscalía de ser cómplice de abusos sexuales y de abandono.
Hasta que un juez permitió a la mujer salir este lunes de prisión y reunirse con la niña, después de que la Fiscalía retirara la primera acusación y la impute solo por dejación de cuidados. “Se está dando un relacionamiento muy importante para brindarle acompañamiento emocional a la niña”, explicó al funcionario en referencia a la madre.
La mujer había pedido la semana pasada en una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la mediación del organismo internacional para conseguir su libertad y reunirse con su hija, quien se encuentra en un hospital de la Cruz Roja.
Debate público
Se abrió además un debate público, ya que en Paraguay, un país de 6,7 millones de habitantes, en 2014 dieron a luz bebés vivos un total de 684 niñas de 10 a 14 años, cuyos embarazos a esa edad se consideran fruto de abusos sexuales y no de relaciones consentidas, según cifras oficiales.
La CIDH instó a Paraguay a proteger a la niña, pues su embarazo se considera de alto riesgo por su corta edad y podría vulnerar su derecho a la vida y a su integridad personal, física y psicológica.
Pero el Gobierno respondió que el aborto y su tentativa se encuentran penalizados con una pena de hasta cinco años y sólo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay un riesgo de vida para la madre.
Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Salud, en 2009 un total de 8.660 mujeres estuvieron hospitalizadas por un aborto.
