El juez de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, había beneficiado al suboficial con medidas sustitutivas a la prisión, pese a que la fiscala le había imputado por homicidio doloso en grado de tentativa y lesión grave, hechos que –según el Código Penal– no permiten acceder a beneficios de la medida.
La fiscala se había allanado al caso y aparententemente pediría el sobreseimiento del policía, ya que manifestó que el procesado había arreglado económicamente con la víctima, quien desistió de todo tipo de proceso judicial. De igual manera, los hechos son considerados crímenes y deben ser llevados a juicio.