Para poner luz al debate sobre los modelos de financiamiento, ya en un análisis de la situación de Latinoamérica, la Organización de Estados Americanos (OEA) había señalado que son más fáciles de controlar las campañas cuando el aporte estatal se superpone al privado.
El estudio del 2012, cuando aún era secretario general de la OEA, Miguel Insulza, ratifica que en el aporte privado debe primar los de menor impacto y no los aportes multimillonarios, lo que contradice la posición de colorados cartistas que semanas atrás, en un polémico pedido quisieron subir a 50.000 los jornales mínimos para financiar una campaña cuando que la ley vigente es solo de 5.000 jornales.
La organización subraya en reiteradas ocasiones en su informe que se debe poner límite al aporte privado porque “puede perjudicar la equidad”.
Añade que “debiera considerarse la estimulación del financiamiento público y la restricción del privado, pero procurando un balance generador de equidad y representación de acuerdo con el contexto específico. Un sistema equitativo debiera ser mixto, es decir, contar con los recursos públicos suficientes para garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral, y con financiamiento privado para preservar la extensión del derecho”.
Precisamente coherente con esta línea, desde la coordinación del financiamiento político de la Justicia Electoral, el funcionario César Rossel señala que un sistema mixto, donde ninguno de los aportes –ni el público ni el privado se supedite al otro– es el modelo electo por los países democráticos.
Señala que en la región los únicos países que pusieron como ejemplo no tienen financiación pública al contrario de los demás, dijo, son Venezuela y Bolivia.
“Esos países son precisamente complicados con el tema de la democracia. Otros países en cambio tienen fuerte aporte público lo que precisamente fortalecen su democracia”, refirió el funcionario.
