Fiscalía imputa a implicados en negociado de venta de tierras

Tres personas implicadas en las ventas ilegales de tierras del Indert fueron imputadas este miércoles por la Fiscalía. La investigación inició después de un trabajo periodístico de Última Hora y Latele.

Así operaba la rosca que se dedicaba al negociado

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Los imputados son Reinaldo Bronstrup Wanderer, Florencio Andrés Cardozo Mendoza y Néstor Crispín Riquelme Báez, personas que fueron grabadas en una investigación periodística.

Los mismos fueron procesados por estafa y violación de la ley 4.682/2012, sobre hechos punibles contra bienes patrimoniales y destinados a la Policía Agraria del Estado.

La imputación fue presentada por los fiscales René Fernández y Nadine Portillo, de Delitos Económicos y Anticorrupción respectivamente, este miércoles ante el Ministerio Público.

Los fiscales solicitaron la aplicación de las siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva: obligación de presentarse periódicamente ante el juez; prohibición de salir del país; prestación de una fianza real hasta cubrir la suma de G. 500 millones por cada imputado; prohibición de acercarse a la oficina regional del Indert en Alto Paraná y prohibición de comunicarse entre los imputados y testigos de la causa.

Según los antecedentes, personas beneficiadas con tierras del Indert estarían ofreciendo inmuebles a través de la web www.clasipar.com.py, mediando inmobiliarias. Los representantes del Ministerio Público solicitaron una orden judicial para grabar conversaciones telefónicas de los números obtenidos en los anuncios publicados en la referida web.

Así llegaron a los implicados y a la inmobiliaria Valle Inmobiliaria, así como del supuesto propietario del inmueble en investigación.

"Producto de las conversaciones y negociaciones telefónicas, se acordó una reunión preliminar en las oficinas de la inmobiliaria, entre Daniel Aguilar y Bronstrup. Este se presentó como propietario del inmueble ofrecido. Para dicha diligencia fue solicitada al Juez Penal de Garantías de Turno una autorización judicial para grabar y filmar dichas entrevistas", refiere parte de la imputación.

Una vez pactada la compra, los fiscales solicitaron al Juez Penal de Garantías de turno la orden de allanamiento de la empresa, de la oficina regional del Indert, así como de las oficinas de la Escribanía Villalba.