Por Elías Cabral, Canindeyú
El fiscal de ferias de la ciudad de Salto del Guairá, Israel Villalba, informó que hasta el momento no fue designado el agente que deberá investigar al intendente Julio César Brítez (UNACE), y a las empresas involucradas en presuntas sobrefacturaciones detectadas por la CGR durante una verificación In situ de las obras meses atrás en el mencionado municipio.
Villalba dijo que se está cumpliendo con los pasos que se inicia con la presentación del informe a la Fiscalía General, instancia desde donde se deberá designar a un agente que se encargará de investigar las presuntas irregularidades. Dicha denuncia fue presentada en diciembre del año pasado por la Contraloría General.
Antecedentes
El informe final de los técnicos de la CGR revela que la administración de Brítez pagó montos superiores a los manejados en el mercado de acuerdo a las obras ejecutadas, mostrando diferencias abismales y violando normas establecidas en la administración financiera del Estado, del régimen de obra pública y de contrataciones públicas, que van en contra de los intereses de la comuna.
Solamente en el Ítem 2.1 de las obras verificadas, que refieren a las construcción de aulas, tinglados, empedrados, cercados perimetrales, muros y refacciones varias en instituciones públicas, certificaron que los trabajos no estaban acordes a las obras ejecutadas y, además, por ello, se abonó una suma millonaria contra los intereses del municipio: unos G. 97.310.380.
Entre las recomendaciones de la CGR figuran las acciones que se llevarán a cabo para recuperar dicho monto a favor del municipio, determinar la responsabilidad y en caso de determinarse, iniciar los procesos administrativos para los responsables, y en consecuencia, promover acciones civiles o penales, dando participación a la Procuraduría General de la República, inclusive.
En el mismo informe se detectó, además, que por incumplimiento de los artículos de penalización por atrasos en varias obras, la Municipalidad de Katueté dejó de percibir G. 55.948.211, siendo este otro hecho irregular.
Además de un daño patrimonial importante contra la institución, se pudo notar que los trabajos que no estaban siendo desarrollados acorde a las especificaciones técnicas, lo que puso en riesgo la seguridad de las obras.
Igualmente, según la Contraloría, varias obras de reparación de instituciones educativas de la zona fueron aplicadas sin autorización del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Es así como ahora se procederá a determinar las acciones a tomar debido a que la comuna malgastó alrededor de G. 1.300 millones del Fonacide solo en el 2015.
