La fiscala Lilian Alcaraz mencionó en la lectura de los alegatos finales que “no se puede negar que los efectivos policiales hayan utilizado sus armas reglamentarias” durante el procedimiento que se realizó en Marina Cué, donde 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida.
También señaló que la Policía Nacional no contaba con francotiradores aquel 15 de junio del 2012.
Para la defensa, que el Ministerio Público admitiera que los uniformados portaban sus armas reglamentarias es justamente para negar que la Policía contaba con francotiradores y que el enfrentamiento con los labriegos fue de frente.
Los abogados sostienen que se realizaron disparos a larga distancia desde el sitio en donde estaban ubicados personal del GEO, FOPE y agrupación especializada.
Para los agentes del Ministerio Público, fueron los campesinos Rubén Villalba y Luis Olmedo los responsables de abrir fuego contra los policías y matar al jefe del GEO, Erven Lovera.
Esa acusación también es refutada por los abogados de los campesinos porque aseguran que ningún testigo supo identificar quiénes fueron las personas que iniciaron los disparos. “Nadie identificó a Olmedo y Villalba, es una pifiada de la Fiscalía”, expresó el abogado Víctor Azuaga.
Al principio, la Fiscalía también hablaba de que no se podía determinar “quiénes dispararon y a quiénes hirieron”, pero esa postura cambió durante el juicio que se desarrolla en el Palacio de Justicia.
El abogado Amelio Sisco, otro de los defensores, también mencionó que los agentes fiscales quieren sostener que no había armas de larga distancia. Sin embargo, para ellos, los disparos provinieron desde un sector alejado, en donde estaban otros grupos de fuerzas especiales.
Los presentes en el juicio oral también recordaron que Freddy Olmedo, uno de los policías presentes en el lugar, testificó en la diligencia que formaba parte del grupo de francotiradores.
“Los policías usaron su arma reglamentaria para herir y matar a los campesinos, pero la propia Fiscalía también acusa a los campesinos de provocar los asesinatos”, añadió el abogado Azuaga.
Además criticó que el Ministerio Público no hable sobre la titularidad de las tierras de Marina Cué, que actualmente sigue en litigio entre el Estado y la familia Riquelme. “La Fiscalía miente y se está desnudando”, afirmó.
La lectura de los alegatos finales en el juicio oral por el caso de la matanza de Curuguaty inició a las 8.00 de este martes, horario dispuesto por el tribunal de Sentencia que juzga a los once acusados.
Los agentes Liliana Alcaraz, Nelson Ruíz y Leonardi Guerrero harán un recuento de todo el juicio y de lo que creen que se probó, para finalmente solicitar una pena carcelaria.
Después, se expondrán los alegatos de las defensas de los acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería.
