El interés general por encima del interés particular debe estar en el centro de cualquier iniciativa parlamentaria. La discusión actual sobre el financiamiento de las campañas políticas está llevando a una situación insostenible para la endeble democracia paraguaya.
Un aumento desproporcionado de los recursos y la flexibilización o reducción de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no condicen con las necesidades económicas ni con el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
En lugar de ir hacia adelante en la construcción de un sistema democrático nosotros vamos para atrás. El actual debate sobre el financiamiento privado a candidatos y partidos fragiliza aún más el sistema político y, por ende, la democracia.
El Estado paraguayo está dando sistemáticamente señales acerca de su captura por parte de determinados grupos que, al margen de las expectativas y aspiraciones ciudadanas, conducen las decisiones políticas hacia sus intereses particulares.
Ni los partidos políticos ni los candidatos necesitan más recursos, menos si estos son privados. Es inconcebible que un país como Paraguay, con tantas políticas sin financiamiento, destine más recursos a pagar gastos políticos. Peor aún si la ciudadanía tiene limitaciones para conocer el origen y el destino exacto de los mismos.
Es fundamental para el fortalecimiento de la democracia el establecimiento de limitaciones a las fuentes de los fondos como a los montos, la implementación de mecanismos de control y rendición de cuentas, y por esas vías mejorar las condiciones de la competencia política para hacerla más justa.
Paraguay necesita contar con mecanismos para evitar el dinero proveniente de fuentes espurias en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, así como lograr una adecuada distribución de recursos entre partidos políticos.
Los montos actuales ya son excesivos para un país con tantos déficits sociales. El presupuesto público destina suficientes recursos provenientes del pago de impuestos al pago de las campañas. No debería ser necesario recurrir al financiamiento privado.
Cualquier normativa debe incluir, además, sanciones claras y ejemplares a quienes violan la ley. El Poder Judicial, por su lado, debe garantizar el irrestricto cumplimiento de la misma sancionando con total imparcialidad y dureza, sin importar el poder de quien la infringió. Como en cualquier otro ámbito, la impunidad es el otro lado de la corrupción.
Todos los poderes del Estado deben comprometerse con el objetivo de lograr que el financiamiento político colabore con la construcción de una institucionalidad democrática. No deben permitirse cambios en la normativa que den lugar a retrocesos.
