Tal como era de esperarse, en las dos cámaras del Poder Legislativo, ahora lideradas y manejadas por legisladores que responden a las directivas del actual presidente de la República, Horacio Cartes, y a sus aliados, los liberales disidentes –dirigidos por el senador Blas Llano– y los referentes del Frente Guasu –encabezados por el senador Fernando Lugo–, se ha procedido ayer a blanquear las actas de las polémicas sesiones consideradas mau o irregulares por los colorados disidentes y por los opositores liberales e independientes, entre otros.
Se consolida de este modo un control cada vez mayor de los tres poderes del Estado por parte del actual mandatario y de los miembros de su entorno, que están acaparando las dirigencias claves en busca de consolidar su influencia política en todos los órdenes, aunque ello implique pasar por encima de los reglamentos internos del Congreso e incluso de las disposiciones consagradas en la propia Constitución Nacional.
La lógica que se impone a partir de ahora es que “la mayoría manda”, y que desde este punto de vista todo está permitido. Sin embargo, en un sistema verdaderamente democrático la participación de las minorías debe ser igualmente respetada y tenida en cuenta, y las violaciones legales deben ser debidamente esclarecidas y sancionadas, en lugar de ser blanqueadas por una mayoría aplanadora.
Lo más preocupante es que este plan de copamiento se está imponiendo con la participación y el aval de fuerzas políticas antes opositoras, como el Frente Guasu o la disidencia liberal, que en su momento han buscado presentarse ante la ciudadanía como alternativas de cambio ante un grupo de poder que repite antiguos mecanismos de dominación.
Para que la democracia funcione se requiere de la independencia de los tres poderes del Estado y del necesario equilibrio entre los mismos. El hecho de que todos ellos respondan preferentemente a un solo sector político nos devuelve a un esquema muy parecido al que sostuvo durante casi 35 años a la dictadura de Alfredo Stroessner, situación que una mayoría de los paraguayos consideraba superada.
Para revertir esta situación, es necesario defender más que nunca la vigencia de una prensa libre, crítica, investigadora y controladora de los excesos del poder, y de una ciudadanía activa a través de sus organizaciones, del ejercicio del pensamiento crítico, de la defensa intransigente de sus derechos básicos y de sus libertades civiles, y sobre todo que se involucre y participe eficazmente en la construcción de nuevas propuestas políticas y sociales alternativas.
