Estados Unidos elevó ayer el tono de voz y anunció la adopción de sanciones económicas contra 13 funcionarios actuales o pasados de Venezuela por “minar la democracia”, participar en actos de violencia y corrupción.
Se trata del tercer paquete de sanciones aplicado por Washington contra venezolanos; en febrero había incluido al vicepresidente y un auxiliar, y en mayo congeló bienes de ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia.
Pero estas sanciones se conocen a escasos días de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, una iniciativa impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro y cuestionada enérgicamente por la Casa Blanca, así como por la oposición venezolana y varios gobiernos europeos y latinoamericanos.
Hace una semana, el presidente Donald Trump había amenazado con sanciones “fuertes y rápidas” en caso de que el Gobierno de Caracas siguiera adelante con la Constituyente.
De acuerdo con la normativa que rige las sanciones estadounidenses, las personas incluidas no podrán tener relaciones comerciales con ciudadanos estadounidenses, al tiempo que eventuales activos o bienes que posean en territorio de Estados Unidos serán congelados.
Sancionó este miércoles a cuatro funcionarios por movilizarse “activamente” en favor de la Constituyente y “minar la democracia o los derechos humanos”. En este grupo están el ministro de Educación, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; e Iris Varela, integrante de la comisión preparatoria de la Constituyente.
En una teleconferencia, un funcionario del Tesoro envió un claro alerta: “Quien decida sumarse a la Asamblea Constituyente estará minando las instituciones y quedará expuesto a potenciales sanciones estadounidenses”.
Otros cinco jefes militares y policiales fueron sancionados por su relación con actos de represión y violencia.
Son Néstor Reverol (ministro de Interior y Justicia), Carlos Pérez Ampueda (director de la Policía Nacional Bolivariana, PNB), Sergio Rivero (comandante general de la PNB), Jesús Suárez (comandante de la PNB) y Franklin García (ex director de la PNB).
Ya en agosto 2016 Reverol había sido fue imputado en ausencia por la fiscalía federal del distrito este de Nueva York por pagos recibidos de narcotraficantes para ayudar a ingresar cocaína a territorio estadounidense entre 2008 y 2010.
Otros cuatro funcionarios y ex funcionarios fueron incluidos por actos de corrupción.
