Un relevamiento de datos realizado por el propio Gobierno revela que actualmente hay cerca de 2.000 funcionarios con altos cargos en ministerios e instituciones públicas que están cobrando sus salarios sin hacer nada, simplemente porque han sido relegados de las funciones consideradas “de confianza” que tenían con las anteriores autoridades; y, al no poder ser despedidos por ser funcionarios de carrera, se los mantiene en el denominado freezer o congelador.
Lo que sucede en ámbito del Poder Ejecutivo también sucede en otros ámbitos de la administración pública, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en las gobernaciones y en los municipios, en donde generalmente cada nueva autoridad que accede a un cargo, ya sea por haber ganado las elecciones o por haber sido nombrada, considera que no debe confiar en los funcionarios que trabajaban en los llamados “cargos de confianza” de su antecesor, y procede a incorporar a su propia gente, creando nuevos cargos e inflando aún más las ya infladas planillas de trabajadores públicos.
Como no pueden desprenderse de los funcionarios a quienes ha reemplazado como realmente quisieran, debido a que en muchos casos son funcionarios antiguos y gozan de estabilidad laboral, y como tampoco confían en ellos para asignarles otras nuevas funciones, directamente deciden confinarlos a una especie de limbo laboral, en donde diariamente deambulan por los pasillos o se amontonan en algún salón, sin tarea específica, cobrando sus altos salarios sin hacer nada.
Esta lamentable e irracional situación, humillante para los funcionarios dejados de lado, constituye una de las muchas maneras de desangrar el erario público y además conspira contra la continuidad institucional de los proyectos de gobierno. Cada autoridad que llega al poder desecha la valiosa experiencia que pueden tener los funcionarios de la administración anterior y vuelven a iniciar los proyectos desde cero, en muchos casos cometiendo los mismos errores, solamente porque creen que tienen que dejar su propio sello, pensando probablemente con fines electorales.
Es hora de ver a la función pública como un servicio al país y no como un botín para cada partido o sector político que llega al poder. Es hora de que los nombramientos de los funcionarios sean principalmente técnicos. Que se tenga en cuenta la capacidad y la idoneidad de cada trabajador y no su afiliación a tal o cual partido. Que cada funcionario público no tenga que depender de la confianza del mandamás de turno, sino del resultado de su trabajo. Que los proyectos de gobierno tengan continuidad en el tiempo y no se trunquen con cada elección. Pensar el país a mediano y largo plazo.
En síntesis, hay que implantar la institucionalidad por encima de los colores partidarios.
