Aprovechando el poco interés de los sucesivos gobiernos posdictatoriales de cuidar, controlar y hacer un uso racional del aporte de los contribuyentes a través de los impuestos, algunos sectores políticos, en complicidad con la burocracia administrativa, han logrado agudizar el desequilibrio salarial en las instituciones del Estado.
Es por eso que se ha estado viendo que hay instituciones –el Congreso, por ejemplo– en las que los empleados reciben remuneraciones extraordinarias que salen del encuadre de lo razonable.
Con varios aguinaldos y premios en diversos conceptos –incluyendo el absurdo de un plus por estar presente en el lugar de trabajo–, las erogaciones para cubrir esos salarios han restado de manera significativa montos de dinero que pudieron haber sido destinados a salud, educación, vivienda u otros sectores sociales.
Por cierto, de los 270.000 funcionarios públicos, no todos reciben las remuneraciones extras que desangran las arcas públicas e impiden que el gasto social sea de mayor relevancia. Así, los privilegiados constituyen una casta beneficiada injustamente en detrimento de otros que deberían haber recibido el mismo tratamiento si hubiese habido equidad salarial.
Además de desnudar esa disparidad, los que reciben salarios de primer mundo sumando diversos conceptos adicionales al sueldo estipulado para cada cargo evidencian la irracionalidad en la administración de la cosa pública, puesto que la situación económica del país no es apta para abonar remuneraciones extraordinarias exorbitantes.
Para colmo de males, los que se benefician con esos salarios complementarios no lo hacen por méritos de rendimiento y capacidad, sino simplemente porque hubo quienes supieron tocar las teclas del poder con una habilidad y sentido de oportunidad tales que obtuvieron las mejoras sin el respaldo de la meritocracia.
Por eso, es bienvenida la propuesta del Gobierno que pretende ordenar la casa, poner fin al desborde salarial y equilibrar las remuneraciones a partir de criterios objetivos que no descartan las mejoras salariales si estas llegan a través de los resultados de la gestión de los funcionarios.
Humberto Peralta, titular de la Secretaría de la Función Pública, anunció que este año presentará al Parlamento un proyecto de modificación de la Ley 1626 para establecer nuevas y claras reglas acerca de las remuneraciones en el sector público.
Es de esperar que los legisladores comprendan que el actual estado anárquico que se presta al abuso de poder y la injusticia no puede continuar. Y que el instrumento legal que sancionen no debe admitir excepciones. Todas las instituciones públicas deben acogerse a sus disposiciones. Así, el país saldrá ganando.
