En 1978, yo estaba en Estados Unidos, y me sorprendió ver un grupo grande de personas que fumaba marihuana en la calle, en pleno día, y desafiando las prohibiciones.
Era una manifestación de protesta contra un acuerdo entre los gobiernos norteamericano y mexicano: fumigar los cultivos de marihuana en México con un herbicida llamado paraquat.
La fumigación se debía al deseo de terminar con el contrabando de la droga, por entonces considerable.
Se calculaba que, entre 1980 y 1975, casi toda la marihuana fumada en Estados Unidos venía de México. Por eso, los dos gobiernos decidieron destruirla empleando el medio más efectivo: ubicar las plantaciones desde el aire y después fumigarlas con aviones; en teoría, poco o nada podía escapar del herbicida.
Para quienes protestaban, no existía la seguridad de que toda la marihuana fumigada se destruyera; era posible que una buena parte del cultivo sobreviviera, se vendiera y se fumara, causando graves problemas de salud a los fumadores.
Por entonces, no se sabía cómo tratar una intoxicación con el paraquat.
Años después, un estudio gubernamental les dio la razón a los activistas: 9.000 norteamericanos se intoxicaron fumando marihuana contaminada con el producto. Para entonces, el Congreso norteamericano ya había decidido terminar su programa de erradicación de la hierba mexicana con ese agroquímico.
Pero lo decisivo no fue la decisión política, sino la de los fumadores: después de haberse abastecido casi exclusivamente de marihuana mexicana, los norteamericanos cambiaron de proveedor.
Para 1981, solo el 4% de la marihuana usada en los Estados Unidos venía de México (según estimaciones), porque los yanquis no querían droga contaminada.
Me llama la atención que, mientras los norteamericanos no quisieron paraquat en su droga, aquí se acepte el paraquat en la agricultura, por tratarse de una sustancia muy tóxica: una cucharadita de ella puede matar a una persona (en internet hay suficiente información sobre el punto).
Pero es uno de los agroquímicos importados regularmente (no el único tóxico), y cuya utilización no puede controlar el Gobierno, según sus propias declaraciones (Última Hora, 28 de enero y 9 de febrero de 2014).
A la falta de control del Gobierno se suman las protestas de los campesinos y su resistencia a las fumigaciones.
La más reciente es la de Huber Duré (Canindeyú), donde murieron las niñas Adelaida y Adela Álvarez hace unos días; intoxicadas, según los campesinos.
El médico que atendió a las niñas aseguró que “a simple vista” era infección y no intoxicación; desde que se inventó el microscopio, las bacterias no se ven a simple vista.
Otros médicos del sector público, más prudentes, decidieron esperar el resultado de la autopsia.
Las precipitaciones y contradicciones del caso hacen suponer que se trata de un caso más de empleo irresponsable de agrotóxicos en perjuicio de los vecinos del lugar.
