EFE. Según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentado este jueves en Asunción, las causas del trabajo infantil son variadas y entre ellas se incluyen la extrema pobreza o el acceso limitado a la educación.
En nuestro país cerca del 23,5% de niños y adolescentes realiza alguna actividad laboral, lo que equivale a un total de 436.419 niños y jóvenes.
El pasado 2 de marzo, durante un encuentro latinoamericano de niños y adolescentes trabajadores, la relatora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la paraguaya Rosa María Ortiz, pidió que se diferencien los conceptos de “explotación, que se debe abolir”, y “trabajo infantil, que puede ser aceptable”.
Por su parte, los niños y niñas trabajadores de diferentes países agrupados en el Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats) rechazaron que se erradique el trabajo infantil y reclamaron su derecho a trabajar en buenas condiciones.
El informe de la Unicef además señala que más de 1.700 niños y adolescentes en nuestro país viven en instituciones estatales, que son la principal respuesta del Gobierno ante la ruptura del cuidado de los padres.
El estudio reveló además que Paraguay es uno de los países con mayor número de niños sin certificado de nacimiento, con un 24% de los menores de un año no inscritos en ningún registro.
En la población infantil de las comunidades indígenas, esa tasa se eleva hasta el 35%.
El documento señala como posibles causas la “falta de una legislación inclusiva”, así como las distancias geográficas que separan a las comunidades rurales de las oficinas del Registro Civil.
Además, seis de cada 10 niños y adolescentes declararon haber sufrido algún tipo de violencia física o psicológica.
En 2010, y según los últimos datos disponibles de Unicef, ingresaron al Ministerio Público 2.298 causas por abusos sexuales a menores, y 804 por malos tratos.
El maltrato infantil fue el tema de una campaña lanzada por Unicef esta semana en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, que advierte de la necesidad de “desnaturalizar” los castigos físicos, que aún gozan de aceptación social.
