El proyecto figura en el orden del día, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y tiene como principal punto de discusión el artículo 86 donde se obliga a que la Fiscalía y Seprelad cuenten con una orden judicial cada vez que quieran revisar la cuenta bancaria de una persona sospechada de algún ilícito.
Para el Ministerio Público y Seprelad esta disposición es inaplicable, puesto que reciben anualmente más de 5.000 casos de indicios de hechos punibles, por lo que no se podría contar con la misma cantidad de órdenes judiciales para revisar los casos.
Si en el Senado no se trata hoy el proyecto, tendría mañana sanción automática con lo dispuesto en la Cámara de Diputados.