AFP
BRASILIA - BRASIL
El presidente del Senado de Brasil, Renán Calheiros, aliado del presidente conservador Michel Temer, será juzgado por peculado (malversación de fondos públicos), determinó ayer el Supremo Tribunal Federal (STF) al acoger una acusación del Ministerio Público.
Con ocho votos a favor y tres en contra, la corte juzgará por un proceso de 2007 al tercer hombre del Estado brasileño, del mismo partido de Temer, el PMDB, en momentos de fuertes tensiones entre el poder judicial y el Congreso.
La denuncia investiga el origen de los recursos utilizados por Calheiros para pagar una pensión a una periodista llamada Mónica Veloso con la que tuvo una hija, según describe la fiscalía general en su denuncia. “Voto por recibir la denuncia por peculado (...) por existencia de indicios de materialidad y autoría”, dijo al leer su voto el ministro de la corte Edson Fachin, encargado de analizar el pedido.
El STF rechazó otros dos cargos presentados por la fiscalía: falsedad ideológica y uso de documentación apócrifa.
El miércoles, el presidente del Senado trató infructuosamente de aprobar con un procedimiento de urgencia un paquete de polémicas medidas anticorrupción que acababa de aprobar la Cámara de Diputados, con un anexo que permite acusar a jueces y fiscales de abuso de autoridad.
De acuerdo con una presentación realizada contra Calheiros por el partido PSOL (izquierda) ante el Consejo de Ética del Senado en 2007, citada por la fiscalía, un intermediario de la constructora Mendes Júnior, entre 2004 y 2006 supuestamente hacía pagos de 16.500 reales (7.800 dólares, al cambio promedio de 2006), para alquileres y alimentos de la mujer y la niña. En medio del escándalo, que incluyó un desnudo de la periodista en la revista Playboy, Calheiros aseguró que los recursos provenían de fondos propios de su actividad rural.
Pero la investigación detectó inconsistencias que demostrarían que el senador no disponía de esos recursos durante el periodo investigado. La denuncia sostiene que el senador habría desviado, en provecho propio y ajeno, recursos públicos para costear su actividad como funcionario de Estado.
