El hallazgo de los cuerpos de dos menores acribillados en la frontera seca que divide a Paraguay y Brasil, en el municipio de Zanja Pytá, cercano a Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, con una nota firmada por un grupo de exterminio que se hace llamar Justicieros de la Frontera, marca la reaparición de un comando parapolicial que reivindica el asesinato como una forma de “justicia por mano propia”.
Este mismo grupo ya había aparecido inicialmente en el 2014, cuando se atribuyeron varios asesinatos de presuntos delincuentes, quienes habían sido ejecutados y en algunos casos incluso se les había amputado las manos, como un macabro símbolo. En todos esos casos, siempre dejaban notas escritas o repartían sus comunicados a través de grupos de mensajería instantánea o en las redes sociales en internet. También llegaron a declararle la guerra al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y llegaron a atacar a balazos y a incendiar un taller, propiedad de la familia Cristaldo Mieres, en San Pedro.
Esta vez, los Justicieros de la Frontera también llegaron a secuestrar equivocadamente a un joven pedrojuanino, a quien luego le perdonaron la vida y –según su propio relato– explicaron que no son policías, sino “bandidos” y cuentan con una lista de personas a quienes deben ajusticiar. El relato coincide con la versión dada por el anterior titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, quien dijo que los miembros del grupo de exterminio serían en realidad sicarios contratados por los narcotraficantes.
La acción de los Justicieros de la Frontera ha despertado la simpatía y el apoyo de sectores de la población, que ante la inacción del Estado aplauden que se actúe de este modo contra los presuntos motoasaltantes.
Sin embargo, no hay que prestarse a engaños: lo que hace este grupo de exterminio es también claramente ilegal y criminal, y solo incrementa aún más la oleada de violencia, delincuencia y criminalidad en la región, remitiendo a trágicas experiencias de otros países latinoamericanos, como la de los grupos parapoliciales y paramilitares en Colombia, Perú, Honduras, El Salvador o México.
La inoperancia –o la corrupta complicidad de organismo del Estado– para poner fin a la acción violenta del EPP, como a las bandas del narcotráfico y del crimen organizado que operan en el Norte y en las zonas fronterizas, no justifican respaldar la acción de otros grupos criminales que se presentan como justicieros, ni avalar los ataques contra personas que deben ser sometidas por la ley, debidamente juzgadas y sancionadas como corresponde a un Estado de Derecho.
Los organismos del Estado deben intervenir con mayor fuerza y eficacia, para impedir que continúen los ajusticiamientos en la frontera.
