Los integrantes del Consejo de la Magistratura, con amplia mayoría cartista, no lograron dar justificación legítima alguna, con la que pudiera darse soporte al secretismo monárquico, autoritario, y profundamente deshonesto e inmoral, al acuerdo para la terna de candidatos al cargo de fiscal general del Estado en la que se encuentran las fiscalas Victoria Acuña y Sandra Quiñónez y el actual jefe del Ministerio Público, Javier Díaz Verón.
El proceso de supuesta selección tuvo tres etapas: Las audiencias públicas en las que los candidatos se presentaron a sí mismos, presentaron sus propuestas y respondieron preguntas; el test de integridad y equilibrio y las deliberaciones del Consejo. Estas dos últimas etapas fueron ocultadas al pueblo, prolongando la práctica ilegal vigente durante la dictadura de Alfredo Stroessner de resolver en secreto los asuntos públicos.
La burda y remanida excusa de que el test de integridad y equilibrio debe ser secreto porque un resultado negativo puede afectar la reputación, o el buen nombre, o la imagen del sujeto del mismo, no resiste el menor análisis.
La salud física y mental de los empleados públicos, en lo que se refiere a su capacidad de desempeñar sus funciones con solvencia, es un asunto de principalísimo interés público y social y quien no quiera que se ventilen esos aspectos de su vida simplemente no debe aspirar a ocupar ningún cargo pagado con dinero del pueblo.
Es tan de sentido común ese asunto que pocos se animarían a sostener seriamente que hay que mantener en secreto y no hacer pública la insanía, por ejemplo, de alguien que aspire a ser fiscal general o que se encuentre en el ejercicio de esa función, pero, como siempre, los cartistas optan por mantener la herencia autoritaria de oscuridad y falta de control.
Los debates del Consejo también deberían ser públicos. Por qué deberían ser secretos cuando son públicos los que realiza el Senado de Estados Unidos para nominar a ministros de la Corte Suprema, o a integrantes del Gabinete ministerial, o al fiscal general de la primera potencia del mundo: Los debates para nominar al fiscal general Jeff Session se transmitieron en directo para que no solo los presencien los norteamericanos, sino todos nosotros.
Pero la mayoría cartista del Consejo pretende que creamos que los asuntos que discute para nominar a nuestro fiscal general son más graves que los que se ventilan para nominar a su par estadounidense, y por eso lo hace en secreto.
En realidad la mayoría cartista miente, los asuntos que debate no son más graves que los que discuten en Estados Unidos. Pero aquí se hace la discusión en secreto porque los asuntos son más sucios, más sórdidos, órdenes del grupo Cartes al que obedecen, por ejemplo, y para ocultarlo nos mienten.
Las excusas de la mayoría cartista en el Consejo de la Magistratura para obrar en secreto son tan pueriles, que no hay más remedio que creer que nos mienten para encubrir la orden del grupo Cartes de presentar una terna que asegure la impunidad al gobierno más corrupto de la historia paraguaya y al más represor desde el advenimiento de la democracia.
La terna de candidatos a fiscal general, dada a conocer por el Consejo de la Magistratura, está diseñada para asegurar que los autores morales de la represión del 31 de marzo y 1 de abril de 2017 queden impunes y para que queden impunes todos los conflictos de interés que caracterizan la adjudicación de contratos públicos del gobierno que sufrimos.