EFE.
La comisión de Constitución del Senado aprobó la indicación que especifica que la objeción de conciencia podrá ser solicitada por cualquier miembro del equipo médico y no solo por los facultativos.
“Esta determinación, en ningún caso, significa que puede invocarla una institución en su totalidad”, precisaron los senadores que participaron en la comisión.
LA indicación fue presentada por el senador independiente Pedro Araya, una sugerencia que contó con el respaldo de Hernán Larraín, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI); y de Alberto Espina, del derechista Renovación Nacional (RN).
En la parte contraria, Felipe Harboe, del Partido por la Democracia (PPD), y el socialista Alfonso de Urresti, rechazaron la medida.
“Se termina con esta distinción odiosa que traía el proyecto”, dijo a los periodistas el senador Pedro Araya al finalizar la sesión.
En todo caso, advirtió que el articulado no podrá ser invocado por una institución en su totalidad.
En ese sentido, el legislador aseguró que la Universidad Católica o sus hospitales clínicos no van a poder tener una objeción como centro médico, como lo había hecho saber esa casa de estudios superiores.
“Es un paso importante para el Gobierno”, enfatizó Araya.
En el proyecto del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la objeción de conciencia solamente era para el médico que realizara el proceso, lo que había sido aprobado durante el primer trámite en la Cámara de Diputados.
El proyecto deberá ser tratado ahora en la comisión de Hacienda del Senado, una gestión, que de acuerdo a los legisladores, no debe tener mayores problemas, para luego pasar a los trámites de sanción.
Actualmente, Chile es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y El Vaticano.
En Chile, una norma impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1989, poco antes de dejar el poder, prohibió totalmente el aborto al modificar el artículo 119 del Código Sanitario de Salud, que desde 1931 permitía la interrupción terapéutica del embarazo.
