Hubo un tiempo muy largo de espera para que finalmente los legisladores se pongan de acuerdo y procedan a elegir a nuevas autoridades al frente de dos importantes instituciones públicas, como lo son la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, pero ambos cambios se están dando en medio de varias denuncias sobre presuntos casos de corrupción.
En el caso del defensor del Pueblo, el anterior titular, Manuel María Páez Monges, permaneció cerca de 8 años ejerciendo el cargo con mandato vencido, debido a que los miembros del Congreso no pudieron acordar para reemplazarlo en su debido momento.
El nuevo defensor, Miguel Godoy Servín, confirma ahora varias de las denuncias de presuntos casos de corrupción que han sido publicados por la prensa y que salpican a su antecesor, Páez Monges, incluyendo sospechas de malversación de fondos en el caso de millonarios pagos realizados a supuestas “víctimas de la dictadura” por más de 110 millones de dólares, además de denuncias sobre pagos de gratificaciones a funcionarios con fondos que no estaban previstos para ese efecto, y la compra irregular de equipos informáticos, entre otros aspectos. Son casos que próximamente estarían siendo pasados al Ministerio Público, para que sean debidamente investigados, según el actual defensor.
En el caso del nuevo contralor, Enrique García, aunque existe también un proceso judicial contra su antecesor, el ex contralor Óscar Rubén Velázquez, quien fue obligado a renunciar a su cargo ante la inminencia de un juicio político por casos de corrupción, que fue sacado a luz por una investigación periodística de ÚLTIMA HORA en 2015, ahora las nuevas denuncias tienen que ver con el desempeño anterior que tuvo García como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción.
En este caso, se le acusa al actual contralor de causar un gran perjuicio patrimonial a la Comuna asuncena por presunta negligencia, al no haber apelado un fallo en el caso Ivesur, que condena al Municipio a pagar 3,6 millones de dólares a dicha empresa, en concepto de indemnización por incumplimiento de contrato. Sobre este caso, la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto abrir una investigación y también el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la que pide que se investigue y se aclare lo que realmente sucedió.
En ambas situaciones corresponde que la Fiscalía y la Justicia hagan una investigación a fondo y apliquen las debidas sanciones, en caso de comprobarse responsabilidades. Los altos cargos de las autoridades involucradas, o sus vinculaciones políticas con el poder, no deben ser un impedimento para que se haga justicia. No hay que permitir que estos casos queden en la impunidad o en el oparei.
