El 162º periodo extraordinario de sesiones de la CIDH se desarrolla esta semana en Buenos Aires, donde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), con el apoyo de la Agencia Sueca Diakonía, presentó una serie de denuncias contra Paraguay.
Durante una hora, la delegación de compatriotas expuso los casos de disputa de las tierras de Guahory, en el distrito de Tembiaporã, así como la persecución de campesinos.
De acuerdo con la denuncia, los defensores de los labriegos y sus familiares son estigmatizados, mientas se viola el debido proceso al que son sometidos.
“Estas acciones abusivas se traducen principalmente en procesamientos penales arbitrarios y represiones en contexto de manifestaciones pacíficas y desalojos”, sostiene el documento.
La acusación fue presentada por el director de Inecip, Juan Martens; el representante de la Federación Nacional Campesina (FNC), Adrián Vázquez, y Verónica García, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).
Casos denunciados
Guahory. La comunidad fue fundada en la década de los 90 y desde entonces sufre ataques de grupos de poder “que buscan apropiarse del territorio para la explotación de cultivos de soja a grandes escalas”, cita el escrito.
Recuerda que en febrero del 2015, en un procedimiento irregular encabezado por la Fiscalía e integrado por 400 policías, fueron imputados 150 campesinos, mientras que al año siguiente participaron en un similar operativo 1.200 policías sin orden judicial y esto se fue repitiendo hasta febrero de este año.
Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) admitieron que varios labriegos fueron estafados por los propios funcionarios del ente, cuando este funcionaba como Instituto de Bienestar Rural. La institución se negó a accionar para anular los títulos irregulares y propuso como única alternativa la expropiación de las tierras.
El proyecto fue aprobado en el Congreso Nacional, pero recientemente el presidente de la República, Horacio Cartes, lo vetó, impidiendo así su ejecución.
Caso Jorge Mercado. El Ministerio Público dictó su prisión preventiva por el homicidio del colono Alex Socoloski, violando el Código Procesal Penal al incumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa.
Mercado tiene 35 años y desde hace 20 milita en la OLT. Para los denunciantes, la Fiscalía lo persigue judicialmente por ser un dirigente campesino con el objetivo de desarticular la fuerza organizativa en favor de los supuestos dueños de tierras.
Asentamiento San Juan. Se encuentra ubicado en el distrito de Puente Kyha, Departamento de Canindeyú. Fue creado por el Indert en beneficio de campesinos sujetos de la reforma agraria, pero aun así continúa el conflicto por la tenencia y explotación de las tierras.
El 8 de setiembre de 2016, agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía realizaron disparos de armas de fuego hacia los pobladores del asentamiento. Resultó herido de bala en esa ocasión Carlos Ariel Garcete, de 25 años de edad.
Caso Pablo Valiente. El fiscal Federico Delfino presentó una acusación en su contra en el 2015, luego de imputarlo un año antes por siete tipos penales en el marco de la investigación de Alfredo Jara Larrea, entonces miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Valiente supuestamente brindaba apoyo logístico al grupo armado junto con Cecilia Acosta.
Según la denuncia ante el organismo internacional, el fiscal no precisó en qué fecha habría brindado tal colaboración, ni cómo lo hacía y menos en cuántas ocasiones supuestamente prestó la ayuda o qué elementos utilizaba para mantener al grupo en la clandestinidad.
Al respecto, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura documentó las violaciones del debido proceso en su caso, así como los riesgos que corrieron su vida y su integridad.
Caso Cecilia Acosta Zacarías. En el 2016 fue aprehendida en el marco de la investigación mencionada en la causa anterior. Nunca fue notificada sobre la orden de captura que pesaba sobre ella desde hacía dos años.
El Ministerio Público la acusó con formulaciones genéricas y valoraciones tendenciosas que no están previstas en la ley vigente. La joven tiene 26 años y es oriunda de Arroyito, Departamento de Concepción.
La CIDH es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tiene la función de analizar las peticiones individuales respecto a la violación de los derechos humanos por parte de los estados miembros, a los cuales puede solicitar que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables, entre otros.
De considerar necesario presenta los casos ante la Corte Interamericana, que a su vez tiene la potestad de aplicar sentencias a los países denunciados.
