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Economía
jueves 12 de enero de 2017, 01:00

Demolerán hormigón armado del complejo de Roque Alonso

La titular de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), Soledad Núñez, puntualizó ayer en Mburuvicha Róga que el área a ser demolida dentro del complejo habitacional de Mariano Roque Alonso será la estructura de hormigón armado que había sido iniciada en su construcción, pero que se había detenido a nivel de los pilares o de la primera loza; aclaró que no se tirará abajo todo el complejo.

“El análisis técnico evaluó que debe ser demolida esa área, porque no constituye el modelo de diseño que se especificó para el complejo; su estructura está en contraposición a nuestro objetivo para la oferta habitacional que pretendemos concretar”, sostuvo.

La idea de Senavitat, tal como lo refirió su ministra, es comenzar la demolición dentro del primer trimestre de 2017, para luego desarrollar un modelo piloto de viviendas de alquiler social, con opción de compra, sirviendo como aval y garantía para el potencial comprador su aporte mensual del alquiler.

Consultada acerca de los plazos para la entrega de las ofertas habitacionales, dijo que como se trata de un proyecto de gran volumen, se ajustaron las especificaciones técnicas y se estarían entregando en fases o etapas, mediante número de unas 500 a 600 soluciones habitacionales, con un cronograma calendarizado y detallado.

Recordemos que el director ejecutivo de la Senavitat, Amílcar Guillén, había mencionado a los medios que se demolería el 80% de la estructura erigida; y solamente los edificios más altos de la zona frontal del predio no sufrirán cambios.

Agregó que Itaipu financiará las obras de infraestructura (redes eléctricas, alcantarillados, desagües, etc.), con inversión de USD 20 millones.

Serán unos 3.000 departamentos para familias de clase media, con inversión estimada de USD 130 millones.

La intención es que la cuota que deben abonar las familias adjudicadas no supere los G. 2 millones por unidad familiar.

En 2015, Senavitat compró 17,8 hectáreas del predio al Instituto de Previsión Social, por G. 35.700 millones.