Para el defensor de los labriegos, es inaceptable que los fiscales investigadores presenten entre sus pruebas las reivindicaciones de los campesinos e indígenas y la lectura de libros sobre la revolución rusa.
En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 24, establece que nadie podrá ser molestado por su ideología. “Se tiene que ser caradura para pedir imputación y condena masacrando la Constitución”, expresó el abogado defensor, Pablo Aguayo.
También criticó que la investigación del Ministerio Público sea parcial desde el inicio mismo del proceso, informó la periodista de ÚH, Lida Duarte
El abogado mencionó que la reforma agraria es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de las comunidades rurales, en referencia a las tierras de Marina Cué. “Parece que esta gente (fiscales) no vive en nuestro país”, sostuvo.
Para Aguayo, se violó el debido proceso garantizado por la ley teniendo en cuenta que la Fiscalía imputó y acusó por tentativa de homicidio a Rubén Villalba, pero en los alegatos finales habló de homicidio doloso agravado y consumado.
“El procesado tiene derecho a la comunicación previa y documentada de la imputación para la preparación de su defensa”, afirmó al tiempo de agregar que en el Pacto de San José de Costa Rica expresa que el Estado tiene la obligación de sancionar violaciones de Derechos Humanos, de respetar y hacer respetar las garantías.
Luego calificó los alegatos de los fiscales como una parodia y montaje porque ocultan evidencias, como vainillas servidas de arma de guerra entregadas por Julio Colmán, político de la zona.
Otras de las críticas es que se imputó a los labriegos sin la traducción en su lengua materna y que presentan discurso ideológico sin pruebas ni argumentos.
Además, habló de que la investigación se realizó bajo la presión de otros poderes del Estado, porque buscan sancionar a los labriegos, para disuadirles de la demanda social de la tierra.
OFENDIDO. El fiscal Nelson Ruiz hizo uso de palabra para pedir al Tribunal de Sentencia que regule las expresiones del abogado Aguayo porque ofendía a la parte acusadora. Fue porque en un momento dado, el defensor catalogó de “rova`ata” a los agentes del Ministerio Público.
La Fiscalía solicitó 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad para Rubén Villalba, por la matanza de Curuguaty. Además, requirió penas de entre 25 y 5 años de encierro para los demás acusados.
Los procesados son: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López. Igualmente están acusados por la Fiscalía Alcides Ramírez y Juan Tillería.
Se está juzgando la perpetración de homicidio doloso (para dos de los acusados); invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
