García fue designado como contralor general de la República como resultado de un pacto entre diputados de Avanza País y los cartistas, que colocaron como subcontralor al colorado Camilo Benítez. Ambos asumen hoy ante el pleno de la Cámara Baja.
El nuevo contralor garantiza que su misión “está desprovista de carpas partidarias”. “Hay que recuperar credibilidad porque hay que trabajar en el fortalecimiento institucional cumpliendo a rajatabla las funciones, prerrogativas y deberes del órgano”, expresó en Monumental AM 1080.
Sin embargo, lo persiguen algunas acusaciones de irregularidades en su gestión como procurador general de la República, durante el Gobierno de Fernando Lugo, y como asesor jurídico en la Municipalidad de Asunción.
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El fiscal Aldo Cantero recuerda el caso que ingresó a la unidad de Delitos Económicos por la supuesta compra irregular de tierras ancestrales. Aseguró que la investigación que involucra a Enrique García por autorizar el trámite continúa luego de más de cuatro años.
Según Cantero, las tierras que eran objeto de expropiación para su devolución al pueblo Enxet tenían un precio excesivo y aun así la operación tuvo la aprobación del entonces presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Óscar Ayala, y el procurador de esa época, el ahora contralor de la República.
El precio habría aumentado en un 30%, en tanto que las tierras eran inundables y lo último que recuerda del caso es que los tasadores del Ministerio Público no lograban ingresar por el avance de las aguas. “Era prácticamente inservible el lugar que fue objeto de compra”, dijo en la misma emisora radial.
En principio, el precio por la propiedad había sido de G. 22.000 millones, pero finalmente se habría pagado G. 35.000 millones a la empresa El Algarrobal, que tenía como accionista al primo del oviedista Jorge Oviedo Matto.
García asegura que la decisión de la Procuraduría se basa en dictámenes y que en ese entonces se había conformado una comisión especial que trabajaba en el cumplimiento de las condenas internacionales que pesaban sobre Paraguay.
En este sentido, criticó que el caso no se haya resuelto hace tiempo, ya sea con una desestimación o mediante un proceso. “Estas cosas se quedan en el tintero para que cuando se precipite un hecho de naturaleza política y se pueda vincular reviviendo los muertos del armario, no le va a servir a nadie”, acusó.
Sobre el caso de la Municipalidad de Asunción, niega que haya presentado las apelaciones fuera de tiempo.
Con relación a los honorarios de los abogados de la empresa Ivesur, que demandó a la Comuna por incumplimiento de contrato, explicó que hay una disposición que dice que los letrados que enfrenten procesos contra instituciones del Estado y salgan victoriosos solo percibirán el 50% de lo que les corresponde.
Sostiene que esta medida es inconstitucional, pero que es una postura independiente a su cargo. “Vayan a la corte y resuelvan” fue lo que les dijo a los abogados, según relató.
