El Colegio de Contadores del Paraguay, el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y la Asociación de Graduados en Ciencias Contables de la Universidad Católica presentaron ayer una nota al presidente Horacio Cartes pidiendo la derogación del Decreto 6560/16, que modificó varios aspectos del impuesto a la renta personal (IRP).
En el documento, los gremios contables exponen detalladamente los motivos por los cuales la normativa presidencial colisiona con la Constitución Nacional y la Ley 2421/04, que creó el IRP.
Los principales argumentos guardan relación con la violación del principio de prelación de las normas jurídicas, la limitación a la deducción de inversiones y la confiscatoriedad de las retenciones, entre otros (ver infografía).
El escrito, que también hace énfasis en la anulación de la Reglamentación 104/16, fue presentado igualmente ayer ante el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Contadores prevén presentar otra nota a la Comisión Permanente del Congreso, con la que ya habían instalado una mesa de diálogo la semana pasada.
Respuesta. Según el vicepresidente del Colegio de Contadores del Paraguay, licenciado César Martínez, los gremios decidieron esperar una respuesta del Poder Ejecutivo hasta esta semana. En caso de no tener respuesta favorable, accionarían judicialmente contra ambas normativas para frenar la implementación del nuevo régimen del IRP. A esta postura se sumaron los empresarios nucleados en la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
Los contadores buscan iniciar mesas de trabajo con las autoridades del Gobierno para la creación de un nuevo reglamento y un nuevo formulario que empiece a regir recién para la liquidación del IRP del ejercicio fiscal 2017, pero exigen que primeramente sean dejados sin efecto el Decreto 6560/16 y la Resolución 104/16 de la SET.
Dura tarea. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, tiene la tarea de resolver esta exigencia en el menor tiempo posible, para evitar la judicialización del IRP. El secretario de Estado volvió de sus vacaciones esta semana, cuando se acentúa el conflicto entre el Gobierno, empresarios y contadores.
En declaraciones hechas dos semanas atrás, Peña había asegurado que hasta el momento no se encontraron motivos para realizar cambios al Decreto 6560/16, pero se mostró abierto al diálogo.
Por su parte, la viceministra de Tributación, Marta González, remarcó que la normativa promulgada por el Ejecutivo a fines de diciembre solamente detalló lo que ya estaba escrito en la Ley del IRP.
Aseguró que, en un análisis con técnicos de la institución, encontraron varios casos de “abusos” con las inversiones deducibles hechos por grandes contribuyentes, abusos que buscan frenar con los últimos cambios.
Desde Tributación lanzaron incluso sospechas de lavado de dinero a través del IRP y citaron casos de personas que invertían mucho más de lo que habían ganado en los últimos años. Quedan pocos días para que finalice el plazo dado por empresarios y contadores al Gobierno, pero el conflicto parece no tener solución.
