Las dos telefónicas ya habían depositado USD 30 millones (USD 15 millones cada una) en diciembre, como adelanto y ayer entregaron el saldo pendiente, dado que tenían 60 días de plazo.
Palacios recordó que todo lo recaudado será destinado al Ministerio de Hacienda para que la cartera estatal pueda encarar los programas sociales de viviendas (Senavitat), Tekoporã (Secretaría de Acción Social) y de adultos mayores.
La titular del ente regulador destacó que para la licitación de las bandas de 4G no se requirió la participación de una empresa de consultoría y todo fue elaborado por los propios técnicos de la institución. Explicó que esto representó un importante ahorro, considerando que un proceso licitatorio anterior se había pagado USD 9 millones por consultoría.
Añadió que más allá de lo que representa el 4G para los usuarios de telefonía (mayor velocidad, mejor señal) también se consigue una inversión social relevante, ya que Tigo y Claro tendrán la obligación de proveer cuentas gratuitas de internet y equipos informáticos subsidiados a los pobladores de diversas localidades del interior del país. Los hospitales, centros sanitarios e instituciones educativas también se beneficiarán con el aporte.
LO ANTES POSIBLE. Pese a que el pliego de bases y condiciones de la licitación otorga un plazo de 8 meses (agosto) para activar la cobertura de 4G, la presidenta de Conatel indicó que las dos operadoras están comprometidas en proveer la tecnología lo antes posible.
Con relación al sumario que se le realiza actualmente a la firma Personal, por dar 4G en la banda 1.900 MHz sin tener la autorización del ente regulador, Palacios solo indicó que el proceso sigue adelante.
