EFE
La solicitud de información, dirigida al canciller paraguayo Eladio Loizaga, interroga al Estado a raíz de un pedido de medidas cautelares presentado en noviembre por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc).
En el texto, la CIDH otorga a Paraguay un plazo de 15 días para informar sobre “si se estarían adoptando medidas para proteger la vida e integridad” de los campesinos desalojados, y ofrecer sus observaciones sobre el pedido de medidas cautelares.
La Peicc solicitó en noviembre a la CIDH medidas cautelares para que los más de mil campesinos desalojados en septiembre del asentamiento de Guahory pudieran quedarse en las tierras de las que fueron expulsados mientras se resuelve el conflicto jurídico por la propiedad de las fincas, que se disputan los labriegos y varios colonos extranjeros.
El escrito argumenta que el Estado no ha tomado ninguna medida de protección de los derechos de los campesinos desalojados, y expone que estos se encuentran en “grave vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social irreparable”, como consecuencia de su expulsión de las tierras.
Las familias campesinas de la colonia Guahory fueron desalojadas en septiembre por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad de los pobladores, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Posteriormente, a comienzos de enero, volvieron a ser desalojados en una operación en la que se registraron varios heridos y 12 campesinos fueron detenidos.
Días después de este desalojo y tras varias reuniones, campesinos y Gobierno llegaron a un acuerdo consistente en la distribución de ocho hectáreas para cada una de las 30 familias, la entrega de tierras concluyó el pasado viernes.
Cerca de 300.000 campesinos carecen de terrenos para cultivar en Paraguay, según datos de la Federación Nacional Campesina (FNC).
Paraguay es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la posesión de tierras, donde menos del 3 % de la población es dueña de cerca del 85 % de la tierra, según la ONG Oxfam.
